El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha suspendido cautelarmente la aplicación del pin parental en los centros educativos de Primaria y Secundaria de la comunidad autónoma.
La suspensión se mantendrá mientras que dure la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación contra la medida ideada por la formación Vox.
Mediante el llamado 'pin parental', los padres pueden mostrar su conformidad o disconformidad con respecto a la participación de sus hijos en actividades complementarias y curriculares que se impartan en los colegios e institutos por personal ajeno al equipo educativo.
Litigio entre el Gobierno central y Murcia
El recurso del Ministerio se produjo después del plazo del requerimiento que el Ministerio dirigido por Isabel Celaá remitió el pasado 17 de enero a la Consejería de Educación y Cultura de Murcia, instando a retirar de las instrucciones de inicio de curso esta medida que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en sus centros educativos.
El Gobierno de Murcia, formado por Partido Popular y Ciudadanos, no dio marcha atrás y dejó sin respuesta el requerimiento del Ministerio de Educación. "No lo vamos a hacer porque lo dice un gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres", aseguró el presidente de Murcia, Fernando López Miras, precisando que sólo retiraría el 'pin parental' si así lo determinaban las instancias judiciales. Celaá acusó al Gobierno de López Miras de ceder ante grupos "fundamentalistas", en velada alusión a Vox, que exigió implantar este veto educativo para apoyar los presupuestos en Murcia.
El requerimiento del Ministerio de Educación enviado el pasado 17 de enero fue la reacción del Gobierno de España al acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox para los presupuestos de Murcia, que incluía el 'pin parental' a petición del partido de Santiago Abascal.
El Gobierno de Murcia quiere ahora consagrar esta medida en un decreto, aunque su intención es que la autorización parental sea obligatoria sólo en actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro educativo que no sea funcionario, lo que eximiría a policías, médicos u otros profesionales de la administración.
El denominado 'pin parental' es una iniciativa impulsada por la organización Hazte Oír para que las familias puedan impidan la asistencia de sus hijos a talleres sobre diversidad afectivo-sexual, y el partido Vox la ha exigido también en Andalucía y en la Comunidad de Madrid para apoyar los presupuestos en estas comunidades gobernadas sin mayoría suficiente por PP y Ciudadanos. Sin embargo, los gobiernos andaluz y madrileño han mostrado su rechazo a implantarla.
