La industria del automóvil se encuentra sumida en una profunda transformación de su negocio, el cual vira de los motores de combustión a la electrificación. Pero este cambio no solo atañe a la automoción. Para impulsar el cambio y la acogida de esta tecnología, todos los sectores han de participar y modificar ya no solo sus modelos de negocio, sino que en el caso de las administraciones públicas, también han de corregir las políticas de movilidad.
Por este motivo, la patronal de fabricantes de automoción (Anfac) ha presentado un decálogo de medidas para favorecer el despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público y privado en entornos urbanos. Con estas recomendaciones, Anfac pretende ayudar a que las instituciones públicas, tanto a la Administración General del Estado como a las Entidades Locales, desarrollen planes de movilidad urbana sostenible en cada una de las ciudades del país.
Antes de entrar de lleno en las medidas, la asociación ha analizado el parque circulante de cada municipio, así como la densidad de vehículos electrificados o el aumento del tráfico de manera diaria o por temporada turística, con el objetivo de calcular la potencia instalada de puntos de recarga de acceso público necesaria para dar servicio a todos los vehículos que circulan por el municipio. Todo ello con el fin de contar con una senda deseable de potencia instalada a 2035 para el despliegue de infraestructura de acceso público de las 10 ciudades más pobladas de España.
Así las cosas, ciudades como Madrid o Barcelona, ambas con una elevada población y parque circulante, necesitarían triplicar este año los objetivos de potencia instalada. En el caso de la capital, al cierre de 2024 contaba con una potencia de 75,63 MW y lo deseable para el cierre de este año sería contar con 259,47 MW, 823,85 MW para 2030 y 1.522,58 para 2035. En el caso de la Ciudad Condal, el año pasado acabó con una potencia instalada de 34,03 MW. Lo deseable para impulsar el vehículo electrificado sería contar con 95,26 MW al cierre de 2025, unos 353,78 MW para 2030 y 779,19 MW para 2035.
Otros municipios que requieren de mayor potencia instalada son Sevilla, Valencia y Palma de Mallorca. En el caso de la ciudad hispalense, este incremento en la potencia instalada tendría que duplicarse, mientras que Valencia y Palma de Mallorca deberían triplicarla.
Zaragoza, por su parte, una ciudad de tamaño medio y menor población que Madrid, dispone de unas condiciones de partida diferentes, con una cuota de vehículo eléctrico puro e híbrido enchufable por debajo de la media nacional, pero con un alto porcentaje de viviendas con garaje privado. Así, la capital maña finalizó el año pasado habiendo cumplido la senda que establece Anfac para este año, con una potencia instalada de 24,41 MW. Para 2030 necesitaría contar con una potencia de 102,1 MW y 275,2 MW para 2035.
En la misma situación se encuentra Málaga. La capital de la Costa del Sol acabó el año con una potencia instalada de 22,72 MW, dos más que lo que aconseja la patronal para 2025. De cara a 2030, Málaga tendría que contar con 95,62 MW y para dentro de una década sería recomendable que tuviese 261,49 MW.
Medidas para favorecer el despliegue de la infraestructura de recarga
Desde la patronal recomiendan a los ayuntamientos contar con un órgano de gobernanza que coordine las políticas de movilidad y urbanísticas a través de las áreas afectadas. Dicha recomendación es necesaria para garantizar el despliegue de la movilidad, así como "para dar tranquilidad al ciudadano en la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones".
Anfac también recomienda que las entidades locales que formen al personal municipal para agilizar la tramitación de las administraciones, licencias y permisos para la instalación de puntos de recarga. La patronal demanda un marco regulatorio con el fin de conocer de forma pública la capacidad disponible en los puntos de acceso de las redes de transporte y distribución de electricidad en la ciudad.
En cuarto lugar, las entidades locales deben enfocar bien, desde el punto de vista económico y técnico, las licitaciones de suelo público para la instalación y gestión de puntos de recarga por parte de empresas privadas. También recomiendan a los ayuntamientos que, en la renovación de las concesiones de estaciones de recarga, introduzcan nuevos requerimientos para incluir el despliegue de la infraestructura de recarga para vehículos ligeros y pesados, transformando así las estaciones de servicio en "estaciones multienergía".
Las entidades locales, considera la patronal, también deben analizar, planificar y favorecer la instalación de infraestructura de recarga en los aparcamientos públicos para residentes y aparcamientos mixtos (rotación/residentes). De igual forma, aconseja la modificación de las ordenanzas fiscales para poder hacer uso del marco de flexibilidad que ofrece el Real Decreto-ley 29/2001. Entre estas medidas destacan la bonificación de hasta el 50% del impuesto a favor de los bienes inmuebles por instalación de puntos de recarga, la bonificación de hasta el 50% del impuesto sobre actividades económicas para sujetos pasivos por instalación de puntos de recarga, así como la bonificación de hasta el 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación de los mismos.
En octavo lugar, se considera necesario aumentar los compromisos de reducción de emisiones de CO2 en las contrataciones públicas a nivel municipal para adelantar cinco años los del sector privado. Anfac recomienda desarrollar campañas institucionales de concienciación ciudadana, así como trabajar con sectores estratégicos vinculados a los municipios para potenciar el despliegue de infraestructura de recarga de acceso público en sus aparcamientos yendo más allá de lo obligatorio.
