España carecerá desde mañana de incentivos a la compra de vehículos eléctricos. La no convalidación del decreto ómnibus obliga a derogar la próroga del Plan Moves III, que estaba vigente hasta el 30 de junio de 2025, así como la deducción del 15% hasta 3.000 euros en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico.
Este escenario complica más la situación en un ejercicio 2025 marcado por la reducción de emisiones por parte de Bruselas. Los fabricantes de vehículos tienen el objetivo de no superar los 93,6 gramos por kilómetro de CO2 en las emisiones medias de sus ventas. Sin estos incentivos, lograr estos objetivos se complica, lo que acarrearía multas de hasta 15.000 millones de euros.
Así, a partir de mañana será más caro comprar un vehículo eléctrico en España. Cabe destacar que España se encuentra a la cola de Europa en materia de electromovilidad. Y es que mientras que la cuota de mercado del vehículo eléctrico en la Unión Europea se situaba en el 13,6% al cierre de 2024, en España esta penetración se situaba en el 5,6%.
Las patronales de fabricantes de vehículos (Anfac) y de concesionarios oficiales (Faconauto) han urgido a los partidos políticos y a sus grupos parlamentarios "que aprueben a la mayor celeridad posible ambas medidas que cuentan con un apoyo mayoritario". Ambas asociaciones han demandado "reestablecer de modo inmediato" al menos, la prórroga del Plan Moves III hasta el 30 de junio y la deducción del 15% en el IRPF hasta 3.000 euros durante todo el ejercicio 2025. Y es que reconocen que sin estas dos incentivos, el objetivo de avanzar en la electrificación de la movilidad y la transformación de la industria "sería imposible de alcanzar".
Desde la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso a la Movilidad Eléctrica (Aedive) han manifestado su "profunda inquietud" ante el rechazo al decreto ómnibus. La asociación considera que el Plan Moves es una "herramienta fundamental" en la estrategia de descarbonización del transporte en España, al ofrecer incentivos económicos para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedive, ha explicado que "la no aprobación del decreto ómnibus lanza un mensaje contradictorio a la sociedad en un momento crítico para acelerar la electrificación del transporte.
Hasta hoy, estas ayudas contemplan un importe de entre 7.000 y 9.000 euros en caso de achatarramiento para vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos. Para los turismos, la ayuda alcanzaba los 4.500 euros por vehículo (7.000 euros si se achatarraba un modelo con al menos siete años de antigüedad). El decreto también incluye ayudas de hasta el 80% para la instalación de puntos de carga destinados a particulares en localidades con menos de 5.000 habitantes, y del 70% en aquellas con mayor población.