Las principales asociaciones de víctimas y de abogados de víctimas de accidentes han denunciado la inaceptable demora en la aprobación de una reforma legal imprescindible para las víctimas de accidentes de tráfico.
Defensores de las víctimas de accidentes de tráfico se hacen oír. Desde 2021 llevan esperando que el Gobierno apruebe la mejora del Baremo sin conseguir que la norma, consensuada en el seno de la Comisión de Expertos, vea la luz y se eleven las indemnizaciones. El Proyecto de Ley se encuentra paralizado desde junio de 2024 en la Comisión de Economía y Comercio del Congreso de los Diputados.
Esta reforma, basada en el Informe Razonado consensuado unánimemente en 2020 por la Comisión de Seguimiento del Baremo, incluye correcciones y mejoras vitales especialmente para las grandes víctimas de accidentes de tráfico. Pese a su tramitación en régimen de urgencia, el plazo de enmiendas se ha prorrogado repetidamente desde junio, cuando se presentaron las últimas propuestas.
Se exige la aprobación inmediata de la reforma
Las asociaciones de Abogados de víctimas de accidente de tráfico, ANAVA-RC, ADEVI y ADAVIAC, que llevan años reclamando esta reforma, exigen su aprobación inmediata. Consideran intolerable que el Congreso mantenga bloqueada una legislación socialmente consensuada y que alinearía a España con los estándares europeos de protección a las víctimas.
"Llama la atención que nuestro legislativo ignore a un colectivo tan vulnerable y socialmente tan necesitado, sobre todo teniendo en cuenta la alarma social creada actualmente por otras víctimas, como son los de la Dana, dando la sensación de que el Estado reacciona cuando ya es tarde", manifiesta Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC. "Cuando el Gobierno quiso acelerar una reforma procesal, lo hizo de la noche a la mañana; ¿por qué no se aplica la misma urgencia a este proyecto social tan prioritario?", se pregunta Alberto Salas, presidente de ADEVI.
Las citadas asociaciones demandan al Congreso que desbloquee esta reforma de inmediato, subrayando que la protección de las víctimas debe ser un pilar esencial del Estado, por encima de cualquier interés asegurador.
