Bruselas
Bruselas refuerza su escrutinio sobre los proveedores de baterías para los vehículos eléctricos. Concretamente, la Comisión Europea ha presentado este jueves un pliego de cargos contra seis empresas fabricantes de baterías por romper la normativa antimonopolio y pactar un aumento de precios de los productos que vendían a los fabricantes de automóviles.
Concretamente en el cártel de baterías estarían implicadas la empresa con sede en Austria, Banner, las estadounidenses Clarios, Exide, FET y su predecesora Elettra, y la rumana R así Rombat así como la asociación europea de fabricantes de baterías para el automóvil, Eurobat, y su proveedora de servicios, Kellen.
El Ejecutivo comunitario analiza si, entre 2004 y 2017, las cinco empresas fabricantes de baterías han "creado, publicado y acordado" utilizar nuevos "indicadores de precios en las negociaciones con los fabricantes de automóviles", denominado Eurobat Premium System. Un cártel que tendría como finalidad fijar los precios finales de las baterías.
Además, Bruselas investiga si Eurobat, y su proveedora de servicios Kellen, estaban al corriente de la existencia de este cártel y si participaron para conformar el sistema de precios Eurobat Premium System.
Esta práctica afectaría a las baterías de arranque de vehículos comercializadas para coches nuevos y también para los recambios ofrecidos a través de los fabricantes de automóviles y talleres de reparación autorizados.
Si una vez que las partes implicadas hayan ejercido su derecho a defenderse se confirmara que han cometido esta infracción, podrían enfrentarse a una multa del 10% de su facturación global anual. El pliego de cargos es un paso habitual en el proceso de investigación de la Comisión Europea en casos de antimonopolio.
El comisario al frente de Política de Competencia, Didier Reynders, ha señalado que la competencia requiere que los actores económicos "fijen sus precios de forma independiente unos de otros". Así ha explicado su preocupación por que "los proveedores de baterías limitaran la competencia de precios", una actuación que perjudicaría a sus clientes, en este caso los "fabricantes de vehículos" pero "también los consumidores finales".
No existe, sin embargo, un plazo para que Bruselas termine su investigación. Una duración que dependerá de la complejidad del caso, la cooperación de las compañías implicadas y si ejercen su derecho a defenderse.
No es la primera investigación que Bruselas pone en marcha sobre un cártel vinculado al sector de la automoción. Hasta la fecha, una de las más importantes es el cártel del automóvil, que concluyó con una multa de 875 millones de euros al grupo Volkswagen, Daimier y BMW por haber pactado no disponer toda la tecnología posible para reducir las emisiones contaminantes.