
Renault España ha celebrado este martes la decisión de los ministros de la UE de suavizar y retrasar la entrada en vigor de la norma Euro 7. La compañía alega que de haberse mantenido los plazos iniciales hubiese sido "catastrófico" para el sector de la automoción.
Para Renault España, "la posición adoptada por los Estados miembros con respecto a la Euro 7 -en el marco de la presidencia española- es una noticia muy positiva para la industria de la automoción, pues los primeros planteamientos con respecto a las emisiones de la combustión serían catastróficos para el sector y, además, no tendrían beneficios significativos para la calidad del aire".
La compañía automovilística considera que "el diálogo permanente entre los diferentes actores ha hecho posible este paso, que evidencia la importancia de afrontar una transición justa sin dejar atrás a nadie. Nosotros tenemos concentrados ahora mismo todos nuestros esfuerzos en la descarbonización y electrificación, que sin duda acelerarán la movilidad sostenible".
La reacción de la multinacional del rombo se produce después de que los ministros de la UE hayan aceptado retrasar dos años la entrada en vigor de la normativa Euro 7.
Concretamente, los países de la UE han pedido que se retrase de dos años la entrada en vigor de la nueva normativa: de 2025 a 2027 para vehículos ligeros nuevos y de 2027 a 2029 para camiones y autobuses. Una solicitud que hicieron ya en mayo ocho Estados miembro respecto a la normativa que sustituirá a la Euro 6.
El acuerdo alcanzado hoy en el Consejo de Industria de la UE responde a las quejas que había manifestado el sector del automóvil. Es así que relaja las ambiciones de la propuesta original del Ejecutivo comunitario en lo que respecta a emisiones, para dejar los límites que fijaba la normativa Euro 6 para turismos y furgonetas, aunque no es ese el caso de los vehículos pesados.
Los principales grupos automovilísticos se habían pronunciado en contra de Euro 7. Entre sus principales alegaciones destaca que la reducción de emisiones con esta normativa tan solo sería de cuatro puntos porcentuales frente a la normativa actual.
Tal cifra, consideran, no mejoraría sustancialmente las emisiones ni la calidad del aire, pero elevaría los costes. Según los cálculos que arroja la automoción europea, adaptarse a la normativa costará entre 20.000 y 35.000 millones de euros y los vehículos se encarecerán más de 2.000 euros.
Desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) consideraron la postura de los países de la UE "mucho más sensata" que la planteada en un principio por Bruselas. Una propuesta que tildaron de "desproporcionada".