La patronal europea de fabricantes de vehículos (Acea) ha pedido a Bruselas llevar a cabo una modificación de los acuerdos alcanzados entre la Unión Europea y el Reino Unido en materia de baterías.
Según estos acuerdos, los bienes exportados bajo los acuerdos de libre comercio de la UE deben cumplir con las 'reglas de origen' para obtener preferencias arancelarias. Así, las normas transitorias actuales del Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) entre la UE y el Reino Unido permiten que las baterías ensambladas en Europa califiquen para el origen europeo.
Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2024, estas reglas serán mucho más restrictivas y requerirán que todas las piezas de la batería, así como algunos materiales críticos de la batería, se produzcan en la UE o el Reino Unido para calificar para el comercio libre de aranceles.
Por ello, la patronal ha pedido un aplazamiento de tres años en estas normas. Según los datos de los miembros de Acea, la tarifa del 10% sobre los vehículos eléctricos costaría casi 4.300 millones de euros durante el período comprendido entre 2024 y 2026. De hecho, la patronal alerta de que si no se modifican estas normas la producción de vehículos eléctricos se podría reducir en unas 480.000 unidades.
El Reino Unido es el mercado de exportación número uno de la industria automotriz de la UE y representa casi una cuarta parte de las exportaciones de vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos fabricados en China ya representan un tercio del mercado del Reino Unido, a pesar de un arancel aduanero del 10%. Si los fabricantes europeos se ven obligados a pagar la misma tarifa de entrada, claramente perderán terreno frente a la competencia de terceros países.
Así automovilísticas como Ford y Stellantis ya han alertado de esta situación. En el caso de Stellantis, advirtió de no poder mantener las inversiones del vehículo eléctrico en suelo inglés.
