La directiva europea ha obligado a las entidades financieras a formar a su personal para poder seguir realizando tareas de asesoramiento y comercialización de productos financieros, hasta el punto de que la mayor parte de su plantilla ha conseguido superar los contenidos mínimos exigidos por la directiva europea ¿Es creíble que casi todos los profesionales lo hayan conseguido?
Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie". La conocida réplica de Tancredi a su tío el Príncipe de Salina en El gatopardo, la obra póstuma de Giuseppe Tomasi di Lampedusa e inmortalizada en el cine por Luchino Visconti, donde se resume la asunción de la aristocracia siciliana de finales del siglo XIX de los postulados de la burguesía para intentar prolongar sus privilegios, bien podría servir de aforismo para lo que ha ocurrido con Mifid II en España respecto a la necesidad de los certificados para los profesionales dedicados a la información y asesoramiento de productos financieros.
La directiva europea supuso una bocanada de aire fresco en la protección de los clientes de servicios financieros, maltratados durante años sobre todo por los bancos a la hora de contratar productos de los que desconocían su estructura, como las famosas participaciones preferentes, y otras malas prácticas que terminaron haciendo mella en su reputación. Mifid II ponía por primera vez el acento en reducir estos desmanes, por lo que obligaba a que los profesionales dedicados a informar y asesorar a sus clientes tuvieran una formación mínima certificada.
La CNMV publicó una guía técnica en 2017 con los requisitos necesarios para considerar dicha certificación correcta y las entidades financieras se pusieron manos a la obra para formar a su personal a tiempo.
Según los datos proporcionados por las propias firmas, la gran parte de la plantilla ha consegido pasar la prueba desde entonces. Caixabank cuenta en la actualidad con 13.772 empleados diplomados en asesoramiento financiero, que permiten atender al 70 por ciento de sus clientes de banca premier y privada, que tienen algún tipo de contrato de asesoramiento.
En BBVA aseguran que más de 15.000 profesionales de su red comercial han recibido formación específica para poder seguir realizando su trabajo, cifra que representa el 94 por ciento de su plantilla. En Banco Santander han sido 17.940 personas las que han sido formadas para obtener la certificación necesaria, de los que el 84 por ciento la han aprobado. En Bankia han sido más de 11.500 empleados los que se han formado desde 2017 en asesoramiento financiero, de los que 9.500 personas (que representan al 70 por ciento de la plantilla de la red comercial) han obtenido la certificación acreditativa. Y en Ibercaja han sido más de 3.500 empleados los que han recibido formación con un porcentaje de aprobados superior al 98 por ciento, lo que ha permitido que el 93 por ciento de los empleados en oficinas bancarias cuente con la acreditación necesaria para realizar su trabajo, de los que el 93 por ciento se dedican a asesoramiento y el 6 por ciento a la comercialización de productos de inversión.
Es decir, que si antes de Mifid II no todo el personal que asesoraba y comercializaba estaba formado específicamente para hacerlo, ahora ocurre justo todo lo contrario, y en un tiempo récord. ¿Es creíble que se haya pasado de un extremo al otro? En el recuerdo está lo que ocurrió en Reino Unido hace unos años, cuando se adelantó a la normativa comunitaria con un modelo muy equiparable al que más tarde Mifid II adoptaría, sobre todo en lo referente a la prohibición de las retrocesiones para los profesionales dedicados al asesoramiento financiero. Los bancos comerciales británicos también formaron a su personal para que pudieran obtener una certificación y también la mayor parte obtuvo la titulación necesaria. Pero la FCA, el regulador británico, se vio obligado a imponer fuertes sanciones económicas a algunas firmas que no había seguido sus recomendaciones y habían incurrido en prácticas poco transparentes.
Precisamente para evitar algo parecido, la Autoridad Europea de Valores y Mercados optó en 2016 por explicitar las "directrices para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y que asesora", y dejaba a los reguladores de cada país la potestad de concretarlos. De esta forma en junio de 2017 la CNMV publicó su guía técnica, que este año se someterá a prueba mediante inspecciones para "evaluar la idoneidad y la conveniencia de los productos financieros que se les ofrecen" a los clientes, aparte de un "ejercicio de supervisión, con mystery shopping, del proceso de comercialización de productos financieros en las redes comerciales de una muestra de entidades", similar al que realizó en 2016, según recoge el plan de actividades del regulador para 2019.
Centros de formación
En la actualidad, la CNMV tiene reconocidos 57 centros para la obtención de los títulos y certificados, entre los que se encuentran los de Efpa, CFA Institute, BME Instituto, IEB y numerosas universidades españolas. Aunque no es imprescindible haberlos conseguido en estos sitios, las firmas deben justificar la idoneidad de otros lugares que elijan. La norma exige que la formación cubra entre 80 y 150 horas, en proporción al tamaño y los servicios que ofrezca cada firma, y es necesario realizar horas de recertificación anuales. La mayoría de entidades financieras ha creado campus ex profeso o ha llegado a acuerdos con diversos centros de formación para realizar los cursos pertinentes.
Dos de los certificados con más prestigio son los de Efpa y CFA. En la primera, la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros, aseguran que desde la entrada en vigor de Mifid II el porcentaje de profesionales que han obtenido alguno de sus certificados se ha incrementado un 38 por ciento, pasando de 22.000 a superar la barrera de los 30.000 profesionales. Y hasta en CFA Institute, que otorga uno de los títulos profesionales más difíciles de aprobar del sector globalmente, también han notado un repunte importante en el número de candidatos que quieren obtenerlo. Solo el año pasado se presentaron 1.600 personas, un 39 por ciento más que en 2017. Pero en la actualidad solo 777 profesionales pueden presumir de haberlo conseguido.
"En nuestra opinión, las entidades financieras deberían buscar programas de formación basados en dos ejes clave. Por una parte, que aporten una visión generalista de los diferentes activos financieros, así como de sus métodos de valoración para poder entender sus limitaciones, y por otra parte, hacer un énfasis mucho mayor en la educación ética, que anteponga el interés del inversor a cualquier otra consideración", explica Enrique Marazuela, presidente de CFA Society Spain.
Enrique Fernández Albarracín, responsable de Regulación Financiera en EY, cree que será irremediable que exista algún tipo de filtro para no devaluar las certificaciones que obtienen los profesionales, sobre todo los que se dedican al asesoramiento financiero. "Si lo comparas con el mundo del motor, es como si todas las personas que tuvieran un carné de conducir pudieran ser pilotos de carreras. Al final, se devaluarían los certificados, por lo que es necesario imponer filtros más estrictos", subraya.
En un mercado como el español, donde las entidades financieras han optado por mantener el statu quo mediante la adopción del modelo de asesoramiento dependiente para sus redes comerciales, uno de los inconvenientes que puede revelarse es la confusión de muchos clientes entre recibir asesoramiento y obtener una recomendación de productos para su compra, más allá de la formación recibida por los profesionales. Y esto es algo difícil de detectar simplemente con un mystery shopping, opina Miguel Sánchez Monjo, abogado de Cuatrecasas.
Para Carlos García Ciriza, presidente de Aseafi, la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero, el reto se encuentra, más allá de la formación de los profesionales, en las buenas prácticas que imponga cada firma, que afectan directamente a la labor de asesoramiento que debe desempeñar cada trabajador. Algo que en las entidades financieras está mucho más mediatizado que en las firmas de menor tamaño.