España se está incorporando con "retraso" al ámbito de la financiación ambiental, focalizada en los bonos verdes. Aunque tenemos algunos líderes globales, como Iberdrola, las empresas españolas únicamente registraron emisiones por unos 4.400 millones de euros durante el año pasado, cuando el mercado global alcanzó los 160.000 millones.
Así lo recalca el informe Finanzas y medio ambiente, elaborado por el think tank Europe-G y Analistas Financieros Internacionales (Afi), presentado esta mañana en Madrid. El documento reclama que se incentiven e impulsen las inversiones sostenibles en el país, y considera que la futura Ley de cambio climático y transición energética, actualmente en tramitación, debe ser una palanca para ello, desde el momento en que busca impulsar la transparencia de las actividades de las empresas, si bien recomienda actuaciones adicionales en materia fiscal.
"Quizá los inversores españoles no han tenido una necesidad de emisión tan intensa o han esperado a verificar que el apetito inversor sea igual o mayor que el resto de los bonos", explica Emilio Ontiveros, uno de los autores del documento, sobre la "tímida" situación de España, antes de añadir que "estimamos que en los próximos años va haber un tirón significativo en este mercado; de hecho, así lo apuntan las previsiones que ayer presentó el Banco de España".
En cualquier caso, los bancos españoles desarrollaron una intensa actividad emisora de bonos verdes en 2017, con un volumen de unos 2.000 millones de dólares, pero "la cifra sigue siendo claramente inferior a las de los principales agentes internacionales en este ámbito -Credit Agricole, HSBC y Citigroup- cuyas operaciones superaron los 7.000 millones", como recoge el Informe.
Iberdrola fue pionera en la emisión de bonos verdes, con una primera emisión en 2014 y desde entonces no ha parado de emitir este tipo de productos financieros, alcanzando los 1.400 millones en 2018. A inicios del pasado mes febrero emitió otro bono, por un importe de 800 millones. Junto a ella, otras firmas energéticas han sacado este tipo de bonos, como Naturgy o Repsol -el primero de una empresa petrolera-, así como compañías de otros ámbitos, tal que ACS, Adif o Acciona.
En el caso de las entidades financieras, BBVA, con una emisión de 1.160 millones el año pasado, ocupa un lugar destacado, si bien otras entidades, como Bankia, CaixaBank, Santander o Triodos España, también han apostado por la sostenibilidad en los préstamos de carácter minorista y para la financiación de proyectos que, aunque no sigan los principios internacionales de los bonos verdes, se identifican con de proyectos y activos sostenibles. Ayer mismo el ICO anunció el lanzamiento de su primer bono verde, por 500 millones, con peticiones por 3.400 millones.
Igualmente hay una serie de emisiones de bonos etiquetados como sostenibles, pero que se destinan a fines sociales o a una combinación de éstos con los fines ambientales, que han protagonizado la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona o entidades como Kutxabank o Caja Rural de Navarra.
Lejos de otros países
No obstante, "se está lejos del desarrollo alcanzado en otros países de nuestro entorno", señala el documento, que también refiere algunas de las iniciativas acometidas fuera de nuestras fronteras: el debate público-privado lanzado en Italia en 2016 para canalizar fondos hacia el desarrollo sostenible y la acción climática, la guía holandesa de 2018 sobre la capacidad del sistema financiero para contribuir a la economía circular, las 15 directrices que las entidades británicas fijaron en 2017 para "enverdecer" su actividad financiera, o el etiquetado verde de los fondos de inversión franceses elaborado en 2015 en el marco de su Ley de transición energética.
Pero las expectativas son buenas, tanto por la importancia que están adquiriendo la prevención de riesgos de desastres -alcanzan los 300.000 millones al año para el sector del seguro-, como la demanda de la comunidad inversora o el impulso de las autoridades. En este sentido, destaca el trabajo de la UE para elaborar una taxonomía que identifique las inversiones realmente sostenibles. A medio plazo, incluso, podrían incluirse variables relacionadas con riesgos medioambientales en los test de estrés de la banca (Bruselas le ha encomendado a la Autoridad Bancaria Europea que lo analice) o que los Bancos centrales y otros reguladores incluyan requisitos de capital adicionales en sus políticas prudenciales para compensar los riesgos climáticos de las carteras.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha participado en la presentación, subrayando que el gran objetivo final es que "los flujos financieros estén alineados con las directrices establecidas por el Acuerdo de París".
