
Pedro Sánchez y su Gobierno piensan que esto del ahorro es de ricos y no se han parado a pensar por un momento en esa cifra que, aunque sea difícil de cuantificar, sabemos que ronda los dos millones de familias españolas que son propietarias de acciones.
Esa comunidad tangible es a la que en elEconomista nos dirigimos y que en compañías como Santander, Telefónica, BBVA, CaixaBank, Iberdrola o Repsol nos focaliza, porque, al menos en cada caso, hay más de medio millón de accionistas. La recriminación de pensar que el ahorro solo es de ricos es consustancial a izquierdas y derechas en España. Tanto PSOE como PP han aprovechado nuestra genética católica proteccionista que nos ha alejado de la raíz protestante de crear riqueza en la tierra. Los políticos siempre se han instalado en el populismo de plantear soluciones sencillas e imposibles para abordar problemas de corto plazo y no afrontar los de largo. Nada nuevo.
La irresponsabilidad actual es que la puesta en marcha de la tasa Sánchez a la compra y venta de acciones puede dejar al mercado español en un limbo para esas manos fuertes del mercado que son los grandes fondos de inversión y planes de pensiones internacionales. Estos señores, a quienes las ministras Calviño y Montero desconocen y son con quienes se deberían sentar para que escucharan de primera mano que no se creen sus Cuentas, son quienes mueven más de tres cuartas partes de la bolsa española.
Y estos señores (habrá que recordar que muchas son señoras en estos tiempos, porque además ellas tienen fama de gestionar mejor) son los que están pensando dejar a un lado los valores españoles, mientras se pase la travesía del desierto de adaptar la tasa a la compra y venta de valores. ¿Para qué operar en títulos en los que la fiscalidad va a ser a dedo durante un largo tiempo, mientras se aclara la compensación y liquidación?
Supero el debate sobre el desalentador impuesto a las transacciones financieras porque otros países ya lo han hecho. Pero lo hicieron con algo más de planificación. Hollande, en Francia, necesitó casi dos años para preparar el camino hasta lograr los ingresos esperados. Esto no es coger el volumen de negociación, pensar que todo va a seguir igual y poner en los Presupuestos que vas a recaudar 850 millones más. El único que puede controlar el volumen que se hace en España es BME, lo que hagan el resto de plataformas fiscalmente, hasta que los sistemas informáticos estén preparados, es un desiderátum. Con un lío mayor entre medias: el Brexit.
El riesgo además de que mucho volumen se vaya de España es muy elevado. En este escenario, puede ocurrir que hasta alguna compañía haga más volumen de negocio en otra plaza que no sea Madrid, lo que abriría el debate de si la CNMV pierde la supervisión. Las amenazas están sobre la mesa, y el Gobierno advertido. Lo curioso, lo que piensan sus responsables: "Ya se hará un decreto para evitar la deslocalización". Y lo creen.