Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dijo ayer en su Comparecencia ante el Congreso de los Diputados para la presentación del Informe Anual de 2017 que "deberían incluirse algunas modificaciones en el régimen de las ventas en corto para reforzar la transparencia frente a los supervisores". Solo el pasado año se recibieron 5.000 comunicaciones de fondos extranjeros.
Con ello, el organismo supervisor se refiere tanto al hecho de mejorar la transparencia de mercado así como la información de las posiciones. Según recoge el informe, ahora la obligación es de comunicar las posiciones cortas en la medida en que representan el 0,20% del capital social. Por lo tanto, "no incluyen las posiciones cortas que representan porcentajes inferiores, que en el caso de valores de elevada capitalización pueden ser relevantes". Así, la CNMV ha hecho presente esta circunstancia en el ámbito de ESMA en el contexto del proceso de posible revisión parcial del Reglamento 236/2012 y en sus reglamentos delegados.
Según este informe, en 2017 el organismo recibió 5.000 comunicaciones de posiciones cortas, en su gran mayoría de fondos norteamericanos y británicos. Asimismo, el documento refleja que el porcentaje de posiciones netas agregadas sobre la capitalización de la bolsa española alcanzó su nivel más alto en el año 2016, cuando representaban un 0,97% del capital. Una proporción que llegó a aliviarse en 2017 hasta el 0,7%.
No es la primera vez que la CNMV muestra su preocupación en torno a este tipo de inversores, que toman prestadas acciones de una compañía para venderlas y recomprarlas más tarde intentando ganar la diferencia con la caída de la cotización en bolsa. Ya en junio de 2017 la CNMV vetó las posiciones cortas sobre Liberbank por la ampliación de capital, un veto que renovó en julio y septiembre. La única restricción sobre ventas en corto aplicada en Europa el año pasado ya que, según Albella, "el reglamento europeo trata estas medidas como muy excepcionales".
También en compañías como Dia o Banco Popular, las posibles posiciones bajistas tomadas por accionistas que invierten a largo como Mikhail Fridman y la familia Del Valle, respectivamente, ejercieron una importante presión bajista sobre sus títulos.
Más transparencia
Para proteger al inversor, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) decidió prohibir recientemente las llamadas operaciones binarias y la comercialización de CFDs, dado que nueve de cada 10 inversores que operan con estos productos pierden su dinero.
También en el ámbito de fomentar la transparencia de cara a la implementación de Mifid II (la nueva directiva europea sobre instrumentos financieros), Albella recordó ayer que la CNMV aprobó en 2017 una guía técnica con una lista de títulos o certificados para que las entidades puedan optar por varias vías para conseguir que sus empleados tengan el nivel adecuado de cualificación. Un listado que supera actualmente las 60 certificaciones.
Por su parte, han propuesto otras modificaciones. "Estamos trabajando en una circular sobre la información que se ofrece de los productos financieros. Queremos que los datos principales del DFI (Datos Fundamentales para el Inversor) se incluyan también en las fichas comerciales de los productos", avanzó Albella.
Sobre el retraso de su transposición en España, que no se espera hasta 2019, Albella manifestó no estar preocupado ni que vaya a suponer un coste o esfuerzo adicional.
En cualquier caso, mejorar la transparencia es un tema pendiente en la industria si se atiende a los datos: en 2017, se recibieron 998 reclamaciones, "de las que un porcentaje significativo tuvieron como causa presuntas irregularidades en la información facilitada sobre el producto antes o después de su contratación", reza el informe.
Defiende las sicavs
No fue el único tema que acaparó la atención de los partidos políticos. Ante el estancamiento en el nacimiento de nuevas sicavs después de que el Partido Popular propusiera que solo computen como los 100 accionistas necesarios para constituir una sociedad aquellos que tengan una participación mínima del 0,55% del patrimonio, Albella hizo un llamamiento: "Nos gustaría que se despejara lo antes posible la incertidumbre regulatoria que puede haber habido en algún momento en torno al régimen fiscal de las sicavs". Algo que ha provocado una deslocalización de vehículos a sitios como Luxemburgo, explicó. "Analizadas con cierta atención, no tienen un privilegio con el alcance que se quiere presentar", justificó Albella, argumentando que, además, el hecho de fomentar que se queden en España favorece que inviertan en activos de este país.
