La Directiva Europea Mifid II, que entró en vigor en enero de este año pese a que aún sigue pendiente de ser transpuesta a la normativa española, presenta dos claros objetivos. Uno es el de dar una mayor protección al inversor evitando que contrate productos que se alejan de su perfil de inversión. Y dos, el de fomentar un aumento de transparencia en las empresas que ofrecen servicios de inversión, tanto en la manera que tienen de operar como en los costes que aplican a sus inversores.
Sin embargo, este último punto aún tardará en llegar al inversor. En concreto, según avanzan los expertos, no será hasta enero de 2019 cuando los inversores empiecen a conocer con pelos y señales todas las comisiones que han pagado por sus inversiones y, lo más importante, en concepto de qué han pagado ya que como explica Fernando Luque, editor en España de Morningstar, "hasta ahora ha habido muchos costes ocultos y ahora se van a ver, y en números redondos, y eso va a aumentar la competencia en cuanto a los costes".
Pero, ¿cómo es posible que haya que esperar casi un año para disfrutar de esa trasparencia que se aprobó en enero con Mifid II? Según explica Enrique Fernández Albarracín, Socio de EY y responsable de Legal Regulatorio de la firma, "las entidades solo tienen la obligación de facilitar ese informe de manera anual , algo que hasta ahora no aplicaba a los servicios de inversión pero que sí lo hará desde enero de 2019". Es decir, los inversores sí podrán notar algún cambio en la información pre contractual cuando vayan a comprar algún producto financiero de los que regula Mifid II ya que en muchos de ellos se exige un test de idoneidad o convenencia que asegure que dicho producto corresponde a su perfil de inversión, además de recibir más claridad en los costes básicos de su inversión pero "es en la información post contractual en la que se incluye el desglose completo", apunta Gloria Hernández, socia de Finreg360.
El impacto de PRIIPS
No obstante, esta experta incide en que la información que reciba en ese DFI (Documentos de Datos Fundamentales ) quien compre un fondo de inversión no tendrá tanta información como la que reciba el inversor de otros de los productos que se incluyen en la normativa PRIIPS, que entró en vigor a finales del año pasado ya que "la obligación de aplicar las reglas establecidas por PRIIPs a los fondos armonizados o UCITS se prorroga hasta enero de 2020, fecha en la cual se deberán sustituir los actuales DFI por los KIDs (Key Investment Document) de PRIIPs", apunta esta experta. Es decir, de momento la información en fondos no incluirá asuntos como la información sobre la pérdida máxima del capital invertido, escenarios de rentabilidad o datos sobre los costes asociados a la inversión, entre los que figuren tanto los costes directos como indirectos que habrá de soportar el cliente minorista
Qué habrá en el informe
En cuanto al conocido como "transaction reporting", el que se empezará a remitir a los inversor a partir de enero del año que viene, habrá muchas novedades que pueden dejar muy sorprendido al inversor, sobre todo si 2018 es un año flojo para el mercado. Por ejemplo, a diferencia de lo que sucede ahora todos esos costes deberán aparecer desglosados atendiendo a cada concepto (en el caso de los fondos, por ejemplo se conocerá cuánto se ha pagado en comisiones al distribuidor, al servicio de análisis e incluso los llamados costes de transacción) y como explica Marcos Arteaga, director de Marketing de Fidelity, "ese coste irá en euros y no en porcentaje y esto puede provocar una guerra de precios entre las entidades distribuidoras". De hecho, ya son varias las gestoras que han optado por recortar sus gastos de gestión, aunque solo para quien contrate sus servicio de gestión de carteras.