Este miércoles entró en vigor la nueva directiva europea sobre instrumentos financieros, más conocida como Mifid II, cuya transposición no solo será una revolución para las grandes entidades sino que, sobre todo, tendrá un fuerte impacto en las empresas de asesoramiento. En este caso, hay pocos intermediarios que se verán perjudicados ya que no ofrecen este servicio a sus clientes, aunque sí que hay otras modificaciones de Mifid II que les afectan.
Según ha podido comprobar elEconomista, solo 3 de los 15 principales brókeres que hay en España ofrecen servicios de asesoramiento a sus inversores: Bankinter, BNP Paribas Personal Investors y Renta 4. Mientras, los 12 restantes se limitan a dar al cliente el servicio de comprar y vender acciones pero sin este servicio (algunos tienen otros). El acercamiento del inversor particular a las recomendaciones profesionales se encuentra en mantillas comparado con otros mercados y es tremendamente deficitario si se tiene en cuenta que el mercado español tiene unos dos millones de accionistas.
En el bróker de Bankinter, los clientes tienen a su disposición vía telefónica a expertos de bolsa o incluso pueden acceder a los diferentes programas y actividades formativas que se ponen en marcha periódicamente desde el banco. Por su parte, en BNP Paribas Personal Investors se ofrece un servicio de asesoramiento personalizado para carteras superiores a 30.000 euros cuya tarifa depende de la valoración de la cartera y la modalidad del asesoramiento; similar al de Renta 4, que tiene el servicio de gestión de activos pensado tanto para clientes profesionales como para aquellos que no lo son.
Pago explícito, ¿mejor o peor?
Precisamente este será el gran cambio que incluye Mifid II, que entró en vigor el miércoles. A partir de ahora, la primera decisión de una entidad que ofrece asesoramiento será declararse no independiente o independiente y en ambos casos los inversores conocerán explícitamente cuánto están pagando y a quién cuando compran. Con la diferencia de que estas últimas no podrán cobrar retrocesiones (comisiones que las gestoras dan a los distribuidores), de las que según los datos de la CNMV reciben el 20% de sus ingresos y, además, los clientes tendrán que asumir pagar un IVA del 21% que no es desgravable. Dos requisitos que, según Carlos García Ciriza, presidente de ASEAFI, "podrían desincentivar el asesoramiento independiente en España, cuando en teoría lo que persigue la ley es una mayor independencia en el mismo".
Tal y como explicó recientemente García Ciriza en el marco de la jornada Desafíos actuales y estrategias organizado por dicha asociación, "en España, no estamos acostumbrados a pagar por el asesoramiento". "Los bancos están acostumbrados a vender el producto al cliente nada más cruzar la puerta y luego ya le hacen el test de conveniencia", criticó.
Y precisamente, el paso de un modelo implícito a otro explícito aumentará la competencia. "Mifid II va a ser un catalizador para las Eafis. El asesoramiento ya venía en su ADN, pero ahora lo tienen que dejar ver y adaptar la normativa", considera Laura Sacristán, de Openfinance. Con todo, "va a haber un ajuste de precios y serán más competitivos para el cliente", vaticinó.
Sin embargo, también hay voces que defienden que el cambio de modelo en la distribución puede disparar los costes del asesoramiento, lo que puede dejar huérfanos de este servicio a muchos inversores. Por contextualizar, un reciente estudio realizado por el IEB y EFPA concluye que las familias con un patrimonio medio de hasta 300.000 euros no podrán recibir asesoramiento financiero independiente tradicional.
Gonzalo Rengifo, director en España de Pictet, recuerda lo que ha pasado en Reino Unido, donde hace tres años se aprobó un reglamento RDR que prohibía el modelo de retrocesiones y esto "ha supuesto que el coste de ser asesorado haya pasado del 1,50 al 2,25%". Claro que el mercado británico es muy diferente al español, ya que en Reino Unido la distribución de productos financieros estaba en manos de asesores independientes (IFA) que gestionan, según EFPA y el IEB, cerca del 70-75% del negocio de fondos. En España, sin embargo, ese 70% está ahora en manos de grupos financieros y lo previsible es que muchos de ellos se declaren no independientes, lo que les permitirá seguir cobrando retrocesiones si demuestran que dan valor añadido.
