El Santander ha desvelado que la devolución máxima a la que se enfrenta el Popular por las cláusulas suelo de las hipotecas asciende a 1.000 millones, el doble de las provisiones constituidas por la entidad que se adjudicó el pasado 7 de junio tras la intervención de las autoridades comunitarias. Las dotaciones realizadas por el banco adquirido ascienden a 511 millones, después de que en 2016 las redujera en 38 millones tras revisar el impacto previsible que tendrían las sentencias condenatorias.
Según indicó el exconsejero delegado del Popular, Ignacio Sánchez Asiaín, los clientes habían presentado en los primeros meses del año hasta 65.000 reclamaciones por los topes en los intereses hipotecarios. Entonces, el exdirectivo señaló que este volumen de peticiones era la mitad de los que preveían, ya que esperaban unas 120.000.
El grupo cántabro, en los documentos enviados a la CNMV sobre la ampliación de capital de algo más de 7.000 millones que pondrá en marcha hoy para asumir el Popular, estima que el riesgo de 1.000 millones es máximo y "no probable". El banco que presidía Ángel Ron y Emilio Saracho posteriormente llevó a cabo una dotación de 350 millones en 2015 para cubrir las devoluciones de intereses cobrados de más en las hipotecas con carácter retroactivo hasta mayo de 2013. El año pasado revisó a la baja dicha cantidad, hasta los 282 millones tras liberar 53 millones y aplicar otras nuevas por 15 millones. En diciembre de 2016, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo que fijó la retroactividad total en los reembolsos para las cláusulas que fueran ilegales, el banco actualizó de nuevo el impacto hasta los 511 millones, incrementando la hucha en 229 millones.
El Popular llegó a informar hace más de un año, con motivo de la ampliación de capital con la que captó 2.500 millones, que el potencial impacto máximo por las cláusulas suelo ascendería a 684 millones, un cifra que se queda corta con las estimaciones ahora efectuadas por el Santander. Son, exactamente, un 35% inferiores.
El nuevo cálculo sitúa a la entidad con el tercer mayor efecto posible del sector, por detrás de BBVA y CaixaBank, que podrían enfrentarse a 1.200 y 1.250 millones, respectivamente, tras aplicación de la retroactividad total. El Santander no se ha visto afectado directamente por la problemática de los suelos hipotecarios debido a que no comercializó créditos que incluían esta condición.
La intención del banco, para reducir el coste de la factura, es negociar con los clientes posibles alternativas, siguiendo así los mandatos de la regulación aprobada a principios de año por el Gobierno para compensar a los afectados y limitar el colapso de los juzgados en los próximos meses.
El Santander aclara que la nueva estimación del riesgo fue realizada por el propio Popular en base a hipótesis y premisas que se consideran razonables y advierte que "pueden no resultar completas, no haber tenido en cuenta la totalidad del colectivo de clientes o antiguos clientes que podrían plantear reclamaciones o haber prescindido de otras circunstancias que puedan ser relevantes para determinar el impacto". Por ello, adelanta que "de resultar superadas por la realidad", tendría que ser necesario incrementar el nivel de provisiones, lo que podrían determinar costes adicionales para la entidad. Y concluye que "esta circunstancia podría generar un impacto significativo adverso en los resultados y en la situación financiera del grupo".
Los suelos hipotecarios no son el único riesgo al que se enfrenta el Santander. En el folleto advierte sobre la posible avalancha de demandas de accionistas y bonistas que han perdido su inversión con la intervención del Popular.