La Comisión Europea ha planteado varias medidas para aportar más credibilidad y desarrollo a los llamados bonos verdes, productos financieros que sólo representan el 0,13% del mercado bonista, pero que han crecido un 2.800% en cuatro años, pasando de unos escasos 2.500 millones de euros en el año 2012 a unos 70.000 millones en la actualidad.
Teóricamente, los bonos verdes se destinan a las energías renovables (45,8%), eficiencia energética (19,6%), transporte con bajas emisiones de carbono (13,4%) agua (9,3%) y gestión de residuos y contaminación (5,6%), según las estimaciones del año pasado.
Pero la realidad es que no hay una definición clara de lo que se entiende por bono verde -en muchos casos no se comprueba que realmente financian lo que publicitan-, aunque hay varias iniciativas para estandarizarlos.
La UE quiere subirse a ellas, planteando un estándar europeo y otras medidas de fomento, como la agregación de pequeños proyectos para alcanzar un volumen que justifiquen la emisión del bono.
También anima a los poderes públicos a exigir un análisis del comportamiento ambiental para otros bonos e inversiones -Francia lo ha regulado ya- y a participar más activamente en el mercado, emitiendo sus propios bonos verdes.
La UE ha calculado que para alcanzar los objetivos ambientales comunitarios de 2030 es necesario invertir 177.000 millones anualmente y apuesta por los bonos verdes como una herramienta clave para captar esos fondos.
Pensiones y riesgo ambiental
Por otro lado, la Eurocámara aprobó la semana pasada, tras obtener el consenso de los estados, que los fondos de pensiones europeos -gestionan 3,17 billones en ahorros de 75 millones de ciudadanos- tengan que incluir los riesgos ambientales en sus estrategias de inversión.
