La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha vuelto a dar un tirón de orejas a las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) españolas por no actuar, en muchas ocasiones, en beneficio del cliente.
Y es que el regulador ha observado que muchas veces colocan al inversor un fondo de inversión con mayor comisión cuando tienen otro con la misma política de inversión y más barato, es decir, dos fondos clónicos.
Según un comunicado que emitió ayer, la CNMV ha detectado "la existencia de prácticas deficientes en los servicios de gestión de carteras y del asesoramiento en materia de inversión", unas prácticas que insta a modificar ya que, a pesar de haber lanzado una comunicación pública en esta materia en el año 2009, se siguen repitiendo.
El problema viene porque, de la comisión de gestión que el cliente paga a la gestora, esta cede a su vez una parte a la red comercial que distribuye sus productos, que en España se sitúa en torno al 63%, según los datos de la CNMV. Eso sí, el regulador advierte de que "la percepción de incentivos de terceros está permitida siempre y cuando no entorpezca el cumplimiento de actuar en el interés óptimo del cliente". Pero la realidad es la siguiente: muchas firmas venden clases de acciones sin atender a las características específicas del inversor (en función de éstas, puede variar desde la inversión mínima del producto hasta los costes); otras veces, preseleccionan una única clase de acciones que distribuyen a todos sus clientes por igual; y para más inri, no establecen procedimientos periódicos para detectar cuándo las decisiones que han tomado no han sido las óptimas para el inversor.
El objetivo de Mifid II
La CNMV ha considerado necesario elaborar esta comunicación a pesar de que todo ello pretende ser abordado en la nueva directiva europea de Instrumentos Financieros (Mifid II), que quiere proteger al inversor e incrementar la transparencia del mercado. Entre otras cuestiones, va a acabar con el modelo de las retrocesiones y obligará a las entidades a desglosar qué parte de los costes se lleva el producto y cuál la red de comercialización.
Además de lo anterior, la directiva europea también busca elevar la competencia, adaptar la industria de fondos al cambio tecnológico que han sufrido los mercados durante los últimos años y reforzar las competencias de los supervisores a la hora de intervenir en ciertas ocasiones. Su implementación, después de haber sufrido varios retrasos (estaba prevista para enero de 2017), entrará en vigor el 3 de enero de 2018.
