El secretario del Tesoro, Jack Lew, advertía el miércoles desde el Instituto Brookings, que las multinacionales estadounidenses deben tener cuidado a la hora de cobijarse en países con ventajas fiscales ya que este hecho "tiene un impacto directo en su reputación". Esta supone la última declaración de un alto funcionario de la administración Obama tras la decisión de la Comisión Europea de exigir al gobierno irlandés que recupere 13.000 millones de euros en impuestos no abonados por Apple.
Una polémica decisión, que tanto Apple como Dublín tienen previsto batallar en los tribunales, que ha tensado las relaciones durante las últimas semanas entre Washington y Bruselas. Es importante recordar que la semana pasada, adelantando la decisión de la Comisión, el Tesoro de EEUU crítico al ejecutivo europeo de actuar como una "autoridad fiscal supranacional" tras las investigaciones que Bruselas mantiene abiertas contra multinacionales estadounidenses. La agencia federal liderada por Lew incidió en que las acciones tomadas "merman" los esfuerzos de Estados Unidos para desarrollar normas de tarifas externas e implementar la reforma fiscal acordada por el G20 y la OCDE.
Tras la decisión dada conocer el martes, incluso la Casa Blanca se mostró "preocupada" por las acciones llevadas a cabo por los reguladores europeos tras adoptar "una decisión unilateral que mina el progreso colectivo para conseguir un sistema tributario internacional justo", dijo el portavoz Josh Earnest. Por su parte, patronales como The Business Roundtable, que representa a los consejeros delegados de algunas de las empresas más importantes del país, tacharon el fallo comunitario "como un acto de agresión" contra una compañía estadounidense. Otras críticas señalan que la decisión europea afectará directamente a los contribuyentes estadounidenses y acabará por incrementar el déficit a este lado del Atlántico.
Sin embargo, la explícita defensa que la administración Obama abandera durante las últimas semanas a favor de las multinacionales estadounidenses bajo el microscopio de Bruselas, donde McDonald's o Amazon todavía esperan conocer cuáles serán sus represalias, no supone un acto de socorro gratuito a estas compañías. Más bien puede considerarse como el resultado de la frustración que EEUU sufre desde hace años con respecto a los suculentos beneficios que sus mayores empresas guardan fuera de sus fronteras y que no son fiscalizadas por el Servicio de Interno de Ingresos (IRS, por sus siglas en inglés), el equivalente al Ministerio de Hacienda en España.
Con decisiones como la abanderada por la CE, Bruselas parece estar tomando la delantera a los esfuerzos frustrados por parte de los reguladores de obligar a sus multinacionales a repatriar buena parte de los 2,1 billones de dólares en beneficios que estas compañías dejan fuera del alcance del Tío Sam, como se conoce en la jerga local al gobierno federal. Tanto los demócratas como los republicanos que ocupan puestos en la Cámara de Representantes y en el Senado dentro del Capitolio no consiguen aunar fuerzas para lograr que una reforma del enrevesado código tributario que invita a estas compañías a mantener sus beneficios fuera de las fronteras donde se asienta su sede fiscal.
Según organizaciones como Citizens for Tax Justice y el US Public Interest Research Group Education Fund, Apple cuenta con más de 181.000 millones de dólares, más que cualquier otra compañía, en dinero guardado en el extranjero. Aún así, la de Cupertino como otras compañías patrias que no repatrían sus beneficios aluden al alto impuesto de sociedades que cobra el fisco estadounidense, uno de los más altos entre los países de la OCDE, como excusa para mantener altas sumas de dinero en otros países, como Irlanda, donde las cargas impositivas son sensiblemente más bajas.
En declaraciones al New York Times, Clark Gascoigne, subdirector de la Coalíción para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Empresarial, explicaba que "es irónico" como "la administración Obama ha volado a Bruselas con el dinero de los contribuyentes estadounidenses para presionar a la Unión Europea contra la recolección de los impuestos que estas compañías adeudan a Europa ya que no son capaces de recolectar los impuestos en EEUU". Para Reuven S. Avi-Yonah, director del programa de tributación internacional en la Universidad de Michigan "la UE cuenta con un caso legal robusto para recolectar los impuestos no abonados por Apple y si la situación fuera a la inversa, los americanos apoyarían la recolección de tributos de una compañía extranjera".
Curiosamente, el senador demócrata Carl M. Levin, que preside el Subcomité Permanente de Investigaciones de la Cámara Alta, determinó tras el análisis sobre el uso de paraísos fiscales por parte de Apple en 2013, que la Comisión Europea debería cubrir el vacío legal del lánguido sistema fiscal estadounidense.
La decisión de la CE el martes caló hondo en Capitolio, donde el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dejó claro que el caso de Apple "es otra razón por la que es necesario arreglar el código fiscal" de EEUU. El senador demócrata Charles Schumer fue más allá y dijo que "es necesario reformar el sistema internacional para asegurarnos que dichos ingresos vuelven a casa". Este asunto también protagoniza la carrera a la Casa Blanca, donde tanto la demócrata Hillary Clinton como su oponente, el republicano, Donald Trump, han prometido frenar este tipo de artimañas tributarias legales y forzar a las empresas estadounidenses a repatriar buena parte de sus beneficios a EEUU.
Dicho esto, la reforma del código tributario se ha convertido desde hace años en una maraña política, donde los republicanos y los demócratas no han conseguido ponerse de acuerdo. Los legisladores republicanos buscan reducir el impuesto de sociedades desde el actual 35% hasta el 20% y adoptar un "sistema territorial" que permitiría que buena parte de los beneficios en el extranjero de las compañías estadounidenses puedan ser repatriados sin ser tasados, algo que los demócratas no apoyan al considerarlo como "un regalo" para estas empresas.
Hasta el momento, la administración Obama y el Departamento del Tesoro sólo han conseguido durante los últimos meses poner parches al sistema al realizar cambios en la regulación que han frenado que compañías estadounidenses comprasen compañías extranjeras con la intención de trasladar su sede fiscal fuera del país y rebajar su factura de impuestos. Una decisión que frustró la compra de Allergan por parte de Pfizer.
