No existe época electoral que se precie sin que salga a relucir el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones. Durante los últimos meses, las caras visibles de los partidos políticos han participado en foros donde han expuesto sus propuestas para acabar con el déficit de la seguridad social, que se ha producido ante el aumento de pensionistas y la bajada de cotizantes. Descárguese aquí la revista mensual Inversión a fondo.
"La relación entre ambos es la más baja desde 2001", reconocía Pablo García, diputado por Granada del PP en el marco de las XXVII Jornadas de vida, pensiones y previsión social complementaria de Axa. Detrás se encuentra la precariedad del mercado laboral, caracterizado por empleos temporales y salarios más bajos, y el envejecimiento progresivo de la población.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2064 casi el 40% de la población tendrá más de 65 años. Y a ningún político se le escapa que existe un problema y todos dicen guardar un as bajo la manga. Sin embargo, en sus soluciones no entra la de incentivar el ahorro privado a largo plazo.
El futuro de las pensiones públicas se antoja complicado. Hoy existen 9 millones de pensionistas en España y cada año se incorporan al sistema una media de 100.000 personas más, así que la previsión es que en 2050 haya más de 15 millones de personas dentro del sistema. Mientras tanto, el gasto en pensiones se ha disparado pasando de los 50.000 millones del año 2000 a los más de 106.000 millones que se pagarán este año.
Este escenario ha obligado al Gobierno a echar mano de la hucha de las pensiones, es decir, del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. "En esta legislatura se han usado más de 46.000 millones de euros de este fondo ante el déficit de la Seguridad Social, que está en torno a los 14.000 millones de euros", asegura María Luz Rodríguez, secretaria de empleo del PSOE. Y es que, a diferencia de lo que sucede en otros países, España tiene una de las tasas de sustitución más elevadas de Europa, basada únicamente en el sistema público. De modo que si en la OCDE se sitúa de media en el 40,6%, en nuestro país alcanza el 73,9% según los últimos datos disponibles en Inverco.
La viabilidad del sistema está en entredicho y promesas para garantizar su futuro no faltan. Son un clásico de las elecciones y más cuando uno de los grupos de población más activo a la hora de votar son los mayores de 65 años, según el CIS. Sus votos, también, suelen ir a parar a los partidos más tradicionales.
¿Qué proponen los políticos?
Sin programas electorales aún en firme, Pablo García, del PP, aseguraba en una de sus últimas intervenciones que "con todas las reformas impulsadas en esta legislatura están convencidos de que se garantiza la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo a medio y largo plazo". Básicamente, la principal apuesta de este partido ha sido la introducción del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones, vinculándolas a la evolución de la esperanza de vida. El PP también insiste en sus iniciativas para la separación de las fuentes de financiación, la lucha contra el fraude laboral o las políticas para incentivar la contratación de personas desempleadas. Aunque quizás, una de las medidas más polémicas y criticada por la industria ha sido la de limitar las aportaciones a los planes a 8.000 euros anuales.
Pero la mayoría opina que se trata de medidas insuficientes. Con la convicción de todos los partidos de que hay que volver a los Pactos de Toledo, el PSOE, por su parte, propone mejorar los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales, poner tope a la base máxima de cotización y mejorar progresivamente las bases mínimas subiendo el salario mínimo interprofesional. También habla de la introducción de un impuesto en la caja de las pensiones, destinado específicamente a nutrirla. El partido socialista propone, además, que los autónomos coticen según sus rentas o un bonus de cotización con cargo a impuestos de 24 meses de duración destinados a las mujeres por cada hijo que tengan. ¿El objetivo? Levantar una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y estrechar la brecha salarial entre hombres y mujeres llegada la edad de jubilación, que se sitúa en el 39%.
Algunas de las propuestas del PSOE van en línea con las de Podemos. Nacho Álvarez, que construye su programa económico, aboga por destaponar también las cotizaciones máximas o acabar con las diferencias laborales de género. Añade otras propuestas como derogar las reformas del PSOE de 2010 o la última del PP y cambiar el modelo de creación de empleo para poner fin a "la política de devaluación salarial, que es la que está minando las bases del sistema". Álvarez también abre la puerta a "una financiación por vía impositiva de las pensiones no contributivas y a reducir el ritmo al que se recorta el déficit público, de manera que permita una política fiscal más expansiva de 25.000 millones anuales que facilite la creación de empleo".
Desde Ciudadanos, Luis Garicano argumenta que las reformas de Zapatero y Rajoy son simples parches que no resuelven el problema y que supondrán una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Desde este partido consideran que "no hay pensiones dignas sin carreras laborales dignas", por lo que ponen énfasis en acabar con la precariedad del mercado laboral y en la necesidad de mejorar el modelo productivo: "España solo crecerá si innova, por lo que los recortes en I+D y en Educación nos perjudican a largo plazo".
En lo que se refiere propiamente a pensiones, Garicano asegura que sus medidas se basarán en tres principios clave: "Transparencia, porque los españoles deben poder planificar su futuro y tienen que poder saber cuándo y cómo se van a jubilar y con qué ingresos; flexibilidad, porque el sistema tiene que ser flexible con la edad de jubilación; y justicia, porque un sistema donde se corresponda lo que uno contribuye con lo que uno gasta".
¿Qué pide la industria de inversión?
Ninguno de los cuatro partidos con opción a gobernar incluye propuestas para fomentar el ahorro a largo plazo a través de sistemas complementarios. "Sólo se hacen ajustes paramétricos, pero nadie se plantea una reforma del ahorro a largo plazo", expone Sergio Míguez, director de relaciones institucionales de EFPA.
La falta de incentivos y de concienciación explican, por ejemplo, que mientras el patrimonio de fondos de pensiones sobre el PIB alcanza el 84,2% en la OCDE, incluido EEUU, en España es de sólo el 9% según datos de Inverco. Por ello, en la última encuesta de planes de pensiones realizada por el Observatorio Inverco sale a relucir que las gestoras solicitan una mejora de la fiscalidad, más información sobre la pensión estimada que se cobrará en el futuro y campañas comerciales sobre las ventajas de las aportaciones periódicas para desestacionalizar la venta de planes de pensiones.
"Han metido un hachazo a las aportaciones máximas y no hay interés político en promocionar los planes de pensiones", argumenta Fernando Luque, editor senior de Morningstar, que incide también en que "sería bueno aumentar el tope de aportaciones y mejorar la fiscalidad de las prestaciones".
No son las únicas peticiones de la industria. Antonio Salido, de Fidelity, reclama la creación de una cuenta de ahorro a largo plazo, donde la jubilación sea uno de los puntos que más se beneficie, aunque no el único. "En esa cuenta, flexible y multiproducto, abogamos porque el beneficio fiscal sea según el plazo de inversión y no tanto por la finalidad del ahorro. Es decir, que si alguien mantiene el dinero 20 años tenga una fiscalidad más favorable que alguien que lo mantenga sólo 10", explica añadiendo que debería tener un porcentaje pignorable.
Esto se llama ISA (Individual Savings Account) en Reino Unido, recuerda Míguez. "No sólo lo tienen los anglosajones. En Alemania, a principio de los años 2000 se hicieron modificaciones en el sistema para tratar de potenciar el pilar corporativo. Se trató de fomentar planes privados promovidos por empresas o trabajadores, con grandes ventajas fiscales si aportaban el 4% del salario a ese plan", explica.
Salido recuerda la importancia de impulsar modelos en los que se detraiga un porcentaje del salario y la empresa machee las aportaciones a cambio de incentivos fiscales. "Son sistemas soft-compulsion", explica Raquel Blázquez, gestora de carteras en Ibercaja Gestión, es decir, "con finalidad voluntarista y ahorro obligatorio".
