Madrid, 17 jun (EFE).- Empresarios del turismo han exigido hoy la paralización del decreto de viviendas turísticas que tramita la Comunidad de Madrid al entender que debe exigirse a estas viviendas medidas de seguridad y convivencia, y porque creen que un decreto "desregulador" triplicaría su número y dañaría a hoteles y hostales.
Representantes de los subsectores del turismo madrileño, reunidos en La Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, han explicado hoy en rueda de prensa sus motivos para oponerse al borrador del Decreto de Viviendas de Uso Turístico y han pedido seguir negociando con la Comunidad de Madrid.
"La conmoción por los trágicos sucesos de la vivienda turística de la calle Barcelona no hacen sino reforzar la convicción empresarial de que es necesario abordar la regulación de este tipo de alojamientos turísticos estableciendo unos requisitos básicos necesarios para proteger la seguridad de los turistas y la necesaria convivencia vecinal, evitando las malas prácticas y la competencia desleal y para proteger la imagen turística de calidad de Madrid", han afirmado.
Según han manifestado los empresarios, existen "dificultades" en el proceso negociador con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, y han criticado que el borrador del proyecto limite la definición de los requisitos para ser apartamento o vivienda de uso turístico "a su mínima expresión, dando carta de naturaleza a las miles de viviendas que han proliferado a consecuencia del vacío legal existente".
Han asegurado que existen en Madrid más de 8.000 viviendas ilegales, que "podrían triplicarse como consecuencia del efecto llamada que provocaría un Decreto claramente permisivo".
Calculan los empresarios que podría llegar a haber 24.000 viviendas destinadas a turismo, "o, lo que es lo mismo, cerca de 95.000 plazas que, considerando la ocupación media posible, supondría incrementar un 85,6% la oferta actual de plazas hoteleras de la Comunidad de Madrid".
"Teniendo en cuenta que esta nueva modalidad de alojamiento no aporta apenas puestos de trabajo más allá del servicio de reparto de llaves y el de limpieza al finalizar la estancia, la implantación del Decreto puede desestabilizar aún más el mercado laboral en el sector del alojamiento turístico provocando la pérdida de un 20% de puestos de trabajo en los hoteles y hostales de Madrid, es decir, una pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo", han añadido.
"Nos encontramos, pues, ante la amenaza de una catástrofe sin precedentes para un sector que ha soportado cuatro años de crisis aguda y que sigue en números rojos como consecuencia de la inexistencia aún de un verdadero plan de promoción turística que sitúe a Madrid en el lugar que le corresponde como destino turístico internacional", se han quejado.
Por todo ello, la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, con el apoyo de CEIM, ha pedido que se paralice el decreto y que la Comunidad dialogue con el sector.
De entrada, piden que las viviendas que se dediquen al turismo cuenten con licencia de actividad "como requisito imprescindible que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y la capacidad de control e inspección de la administración".
"Al igual que a un hotel, un bar o una discoteca se le exige la preceptiva licencia municipal, es impensable que la Comunidad de Madrid libere a estas viviendas de la obligación de tramitar su correspondiente título administrativo y se limite a reclamar un teléfono de contacto y su inscripción en el registro de empresas turísticas", se han quejado.
Junto a esta petición, han considerado que las viviendas deben garantizar unas "condiciones básicas de habitabilidad, equipamiento y servicios", además de requisitos técnicos específicos sobre condiciones de seguridad, especialmente en lo relativo a planes de emergencia y autoprotección, sistemas de alarma y vídeovigilancia, revisiones de la instalación eléctrica y cumplimiento del Código Técnico de Edificación.
Exigen también que se proteja a los vecinos con aislamiento acústico, separación de los timbres o separación de las zonas comunes, y que se protejan los derechos del consumidor ante los fraudes y estafas que se dan en la comercialización online del alquiler de viviendas turísticas.
Otra exigencia que plantean es contar con la autorización de los residentes en el inmueble, o que se exija un mínimo número de noches de estancia, como en otras ciudades (en Nueva York se piden 30 y en San Francisco 28, citan como ejemplo).