Juzgado tramita abrir juicio contra Botín por acciones Banesto

Santander, 11 jul (EFECOM).- El juzgado de instrucción número 3 de Santander ha iniciado los trámites para la apertura de juicio oral contra el presidente del grupo Santander, Emilio Botín, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida, derivados de la entrega en 1994 del 1 por ciento de las acciones de Banesto a 13 directivos.

El juzgado, en un auto al que ha tenido acceso EFE, insta a continuar la tramitación de las diligencias por el procedimiento abreviado y da traslado del mismo al fiscal y a las partes para que en el plazo de 10 días formulen sus escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral.

Junto a Botín, también están imputados en este caso los miembros de la Comisión Ejecutiva del Santander cuando se entregaron las acciones de Banesto: Matías Rodríguez Inciarte, Dimas Blanco Valdivielso, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique, Juan Secades e Ignacio Benjumea, Juan Carlos Rodríguez Cantarero y José María Espi.

Esta causa se inició a raíz de una querella del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y en ella se investiga si el Santander cometió un delito fiscal al no hacer las retenciones tributarias correspondientes cuando en 1994 entregó esas acciones a los 13 directivos que puso al frente de Banesto para que lo reflotaran.

Fuentes del grupo Santander indicaron a EFE que "resulta sorprendente que se haya adoptado por el juzgado esta resolución, que será recurrida".

Además señalaron que "el banco ha actuado siempre con total transparencia, pagándose los impuestos cuando se cumplieron los objetivos a los que estaba sometido el plan de incentivos concedido a los directivos, a los que en 1994 se les encomendó la gestión de Banesto tras su adquisición por Banco Santander".

"El pago de los impuestos se hizo en la más estricta aplicación de la ley y, por lo tanto, de forma más favorable para Hacienda que si se hubiera seguido el criterio manteniendo por la acusación", afirmaron las citadas fuentes.

De hecho, añadieron, "se pagó el triple de lo que hubiera resultado de seguirse el criterio de Hacienda que, paradójicamente, saldría perjudicada de prosperar su interpretación".

Frente a esta versión, las acusaciones -Fiscalía Anticorrupción, Pérez Escolar y la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC)- mantienen que el Santander debería haber efectuado las retenciones en 1994, en el momento de entregar los 6,47 millones de acciones de Banesto a 400 pesetas -su valor nominal-, cuando su cambio medio en bolsa era de 848 pesetas.

Las diligencias sobre este caso se encuentran repartidas en cuatro provincias (Madrid, Vizcaya, Barcelona y Santander), vinculadas al lugar de residencia de cada uno de los directivos de Banesto en 1994 y a la sede del Grupo Santander.

Varios juzgados de estas provincias analizan desde hace seis años una irregularidad tributaria ligada a 6,47 millones de acciones de Banesto que recibieron estos ex directivos, condicionadas al Plan de Viabilidad de la entidad financiera intervenida en 1993.

Una vez fue adjudicado el Banesto al Banco Santander en abril de 1994, el presidente del Santander, Emilio Botín, ofreció seis millones de acciones del banco intervenido -un 1 por ciento del capital social- a Sáenz y su equipo de directivos.

Mediante un acuerdo con los directivos y el Bank of America, el Banco Santander mantuvo su derecho de recompra sobre estas acciones hasta septiembre de 1998, una vez fue presentado el Plan de Saneamiento de Banesto y el banco que preside Botín dio por alcanzados los objetivos marcados.

Fuentes de la defensa de Sáenz -quien fue designado por el Banco de España administrador de Banesto en diciembre de 1993- recuerdan que en 1998, cuatro años después de este acuerdo de cesión de acciones, el banquero hizo frente a sus obligaciones fiscales y que, por ello, no habido daño a las arcas públicas.

Precisamente el juez de Móstoles, quien archivó las acusaciones contra Rodríguez Cantarero -actualmente jubilado- consideró, en su auto de sobreseimiento, que la Hacienda Pública no ha resultado perjudicada pues se han ingresado 888.000 euros (141,09 millones de pesetas) cuando el fisco reclamaba 224.600 euros (37,37 millones de pesetas).

Varios informes periciales de la Agencia Tributaria, presentados ante los juzgados de Alcobendas y Móstoles, mantienen que la calificación del beneficio obtenido de las acciones de Banesto por los ex directivos era una "retribución en especie".

Según este informe, los administradores de Banesto recibieron el uno por ciento del capital social de esta entidad (más de 6 millones de títulos a 400 pesetas por acción) desde el Banco Santander en el año 1994, cuando su cambio medio ponderado en bolsa era de 848 pesetas.

La investigación de este presunto delito comenzó en 1998 fruto de una inspección fiscal que dio lugar al procedimiento abierto en el Juzgado de Alcobendas (Madrid), donde están personados como acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como el abogado Rafael Pérez Escolar, ex consejero de Banesto durante la época de Mario Conde, y la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC). EFECOM

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