SANTANDER
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El juzgado nº 3 de Santander ha ordenado la apertura de juicio oral por presunta apropiación indebida y delito contra la hacienda pública al presidente de Banco Santander, Emilio Botín, y 8 directivos de la entidad por el cobro de incentivos a directivos en Banesto.
La Fiscalía Anticorrupción llevará este caso en combinación con la acusación particular. Según los querellantes, que encabeza, una vez más, el ex directivo de Banesto, Rafael Pérez Escolar, los acusados no comunicaron los incentivos percibidos en acciones de Banesto, filial actual del grupo, que fue comprado en subasta tras la intervención del Banco de España en 1993.
Unos 9,8 millones de euros
La acusación apunta la presunta defraudación de 1.287 millones de pesetas (7,7 millones de euros) en el año 1994, de 115,1 millones de pesetas en el año 1995 (unos 691.000 euros), de 101.810.454 pesetas en el año 1996 (607.000 euros), 77.568.327 pesetas (465.000 euros) en el año 1997 y de 63.099.872 pesetas (378.000 euros) en el año 1998. En total, el presunto delito ascendería a 9,8 millones de euros a valor actual.
El auto del juez recoge que estos presuntos fraudes se realizaron como consecuencia de la operación de venta privilegiada del 1% del capital del Banco Español de Crédito (Banesto) que realizó el Banco Santander a favor a los que habían sido Administradores Provisionales designados por el Banco de España en la intervención de Banesto.
Estos incentivos no comunicados habrían sido percibidos presuntamente por Alfredo Sáenz Abad, Víctor Menéndez Millán, David Arce Torres, José Corral Lope, Juan Delibes Liniers, José Ángel Merodio Zubiarrain, José Luis Roselló Menasanch, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, Fernando Gutiérrez-Ojanguren Ganga, Luis Abril Pérez y Timoteo Patricio Domínguez.
Por otro lado, Emilio Botín también tiene ahora mismo otro juicio en curso ante el Tribunal Supremo, que ex copresidente de la entidad, José María Amusátegui, y ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui. La Audiencia Nacional exculpó en su momento a Botín, pero el caso sigue vivo ante el Supremo.
