MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Bloque Nacionalista Galego (BNG), formación adscrita al Grupo Mixto, ha presentado 17 enmiendas al proyecto de ley para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción, en las que hace hincapié en la necesidad de asegurar y reforzar el carácter social y "no mercantil encubierto" de sus entidades promotoras.
Por este motivo, dichas entidades deberán acreditar una antigüedad mínima de dos años como prestadoras de servicios sociales para ser consideradas promotoras de empresas de inserción.
La iniciativa legislativa, que fue aprobada en junio por el Consejo de Ministros y cuenta ya con el dictamen del Consejo Económico y Social (CES), se centra en aquellas empresas que se dedican a contratar a excluidos sociales con el objeto de que, una vez aplicadas medidas sociales y de adaptación profesional, puedan emplearse en el mercado laboral ordinario.
Según el contenido del proyecto de ley presentado en junio, las empresas de inserción deberán estar promovidas y participadas por entidades promotoras al menos en un 51% del capital social, así como mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto. Además, deberán reinvertir, al menos, el 80% de los resultados a la mejora de sus estructuras productiva y de inserción.
En el texto de las enmiendas, al que tuvo acceso Europa Press, los nacionalistas gallegos pretende también que el articulado de la ley que la inserción de las personas que padecen exclusión social no debe contemplarse solo desde la perspectiva laboral si no también social.
PNV EXIGE RESPETO A LAS COMPETENCIAS
Por su parte, el grupo parlamentario del PNV ha presentado un paquete de 23 enmiendas al proyecto en las que insiste en que se reconozca que dicha regulación corresponde a las comunidades autónomas con competencias en materia de asistencia social.
Los nacionalistas vascos reiteran que las fijación de los colectivos que se consideran dentro del campo de exclusión social para su inclusión a través de las empresas de inserción dependerá de las autonomías "como instituciones competentes en materia de asistencia social".
Asimismo, se propone la introducción de un artículo en el que se reconozca la autoridad del Gobierno vasco para dictar las disposiciones necesarias ante el desarrollo y aplicación de la ley, al existir ya un decreto, fechado en diciembre de 2006, por el que se regula la calificación de las empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y se crea el registro de empresas de inserción.
