MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El Gobierno aprobó hoy un proyecto de ley que traslada a todas las entidades financieras españolas el nuevo acuerdo internacional de capital Basilea II, cuya finalidad es ajustar los requisitos mínimos de recursos propios de las entidades financieras a sus verdaderas necesidades y riesgos.
El proyecto de ley, que ha sido remitido a las Cortes solicitando el procedimiento de urgencia, traspone a la legislación española una normativa comunitaria que tiene como objetivo lograr una mayor convergencia y efectividad de los criterios de solvencia y de supervisión prudencial, y menores riesgos para los consumidores y la estabilidad financiera.
El Ejecutivo considera que el equilibrio normativo europeo en el régimen de solvencia de las entidades de crédito es fundamental para el adecuado funcionamiento de la economía, ya que dichas entidades desempeñan una función primordial en la correcta canalización del ahorro hacia la inversión.
Además, estima que la armonización internacional de la regulación de solvencia es "imprescindible" para que no existan ventajas y desventajas artificiales en términos de competitividad entre las entidades de crédito de los diferentes países.
REQUISITOS DE RECURSOS PROPIOS.
La normativa pone a disposición de las entidades una serie de métodos a la hora de medir los riesgos que asumen en función de su tamaño, grado de sofisticación y la complejidad de su actividad. Además, establece que el Banco de España sea quien determine las condiciones necesarias para la utilización de los métodos más avanzados de medición del riesgo.
Por otro lado, permite utilizar calificaciones externas de riesgo de los créditos para algunos de dichos métodos, aunque sólo podrán realizarlas empresas reconocidas por el Banco de España. Además, obliga a las entidades de crédito a poner en marcha procedimientos internos de evaluación de la adecuación de capital.
EXAMEN SUPERVISOR.
Asimismo, el proyecto de ley establece un diálogo activo entre la entidad de crédito y el Banco de España, garantizando una supervisión más personalizada. Por su parte, el organismo que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez deberá divulgar periódicamente los criterios y metodologías que seguirá en el ejercicio de sus actividades de supervisión.
Por otro lado, la normativa obliga a las entidades de crédito a divulgar en el mercado información sobre los aspectos clave de su perfil de negocio, exposición al riesgo y formas de gestión del riesgo, con el fin de alentar a la adopción de mejores prácticas y aumentar la confianza del inversor.
Por último, el proyecto de ley refuerza la capacidad del Banco de España en la promoción de buenas prácticas en relación con la normativa de ordenación y disciplina de las entidades de crédito. En este sentido, se atribuye al Banco de España la capacidad de elaborar y publicar guías dirigidas a las entidades, con el fin de orientarlas acerca de los criterios que seguirá el propio Banco de España en los ámbitos de su discrecionalidad.
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