Economía/Laboral.- El decreto sobre el teletrabajo en la Administración entrará en vigor en junio como muy tarde

MADRID, 17 (EUROPA RESS)

El Real-Decreto que regulará el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) y en sus organismos públicos será aprobado por el Consejo de Ministros en mayo o como muy tarde a principios de junio, según anunció hoy el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, al término de una reunión con CC.OO., UGT y CSI-CSIF.

Sevilla explicó que la regulación del teletrabajo en la AGE, donde hay unos 220.000 funcionarios, ha contado con el respaldo de los tres principales sindicatos de la Función Pública y resaltó que el teletrabajo es una "buena figura" que permitirá a la Administración situarse "a la vanguardia" del resto de sectores económicos.

Para diseñar esta regulación, se partirá de la propuesta que ha realizado el Gobierno y del informe que el Consejo Económico y Social (CES) elaboró sobre la materia. De momento, Gobierno y sindicatos se han dado dos semanas de plazo para consensuar los detalles técnicos que incluirá el texto.

Según el contenido de la norma presentada por Sevilla a los sindicatos, el teletrabajo permitirá a los funcionarios que se acojan a él de manera voluntaria realizar hasta un 40% de su jornada laboral semanal desde casa. El objetivo de esta medida es contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar dentro de la administración pública.

En este encuentro, que forma parte del foro de diálogo social en la Función Pública, el Ejecutivo y los sindicatos han acordado también la creación de un grupo de trabajo bipartito para desarrollar en la Administración General del Estado la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que entrará en vigor el próximo 13 de mayo.

LA TEMPORALIDAD SE REDUCE AL 7,6%.

Durante la reunión, Gobierno, CC.OO., UGT y CSI-CSIF han hecho balance de lo que ha dado de sí el diálogo social desde que ambas partes firmaran una declaración de objetivos en septiembre de 2004. Según destacó Sevilla, de las 23 medidas incluidas en aquella declaración, se han cumplido totalmente un total de 18, el equivalente al 70%. La cifra se eleva al 85% si se tienen en cuenta los proyectos iniciados y no sólo los terminados.

Para el ministro, estos datos "esconden una realidad de mayor calado", pues algunas de las medidas que se han cumplido tienen un peso muy valioso, como es el caso del Estatuto de la Función Pública, norma que regulará los derechos y deberes de todos los empleados públicos de España.

No obstante, Sevilla enfatizó que la reforma y modernización de la Administración "no termina con la aprobación del Estatuto", pues todavía quedan cuestiones en las que trabajar para seguir mejorando el servicio público. "Ahora empieza un nuevo camino en el que nos hemos comprometido (Gobierno y sindicatos) a seguir trabajando juntos. Hoy hemos empezado a diseñar el futuro", subrayó.

Entre los objetivos contenidos en la declaración, uno de los que se ha cumplido es el de reducir la temporalidad en la Administración General del Estado a un tope máximo del 8%. De hecho, la cifra actual ni siquiera llega a ese porcentaje, pues se halla situada en el 7,6%.

El problema de la temporalidad en el sector público no viene por el lado de la AGE, sino por el de comunidades autónomas y ayuntamientos, donde la tasa es muy elevada. De hecho, en las corporaciones locales se supera el 30% de temporalidad y hay algunas que incluso llegan al 90%.

Otros compromisos adquiridos en la declaración del diálogo social que han visto la luz son las subidas salariales para 2007-2009 que tendrán los empleados públicos o el reforzamiento de los derechos de participación y negociación en las administraciones públicas.

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