Madrid, 10 abr (EFECOM).- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio sobre el buen gobierno de las empresas europeas y estadounidenses en el que las españolas obtienen una puntuación superior a la media europea, aunque detalla que no son suficientemente respetuosas con los derechos de los accionistas.
Así, España se sitúa en el sexto lugar -en primer lugar queda Finlandia, seguida de Reino Unido, Irlanda, Alemania y EEUU- y las 65 compañías obtiene una puntuación media de 5,65 puntos, frente a los 5,26 puntos de la media del total de las empresas europeas analizadas y de los 5,45 puntos de media del conjunto.
La OCU ha indicado que las empresas españolas han restado puntos "en aquellas cuestiones en las que tienen manga ancha para respetar o no a sus accionistas", como es el caso del mantenimiento de blindajes.
Además, la organización de consumidores detalla otras prácticas perjudiciales para los accionistas, como realizar ampliaciones de capital sin respetar el derecho de suscripción preferente; comunicar los emolumentos de los miembros de su consejo pero no de forma individual o condicionar la delegación de voto en la junta.
Por ello, la OCU comenta que "el respeto al buen gobierno en España parece provenir más bien del cumplimiento de los imperativos legales que a un auténtico respeto al accionista", por lo que las las sociedades españolas han sumado puntos en cuestiones de obligado cumplimiento en España, que a veces no lo son en otros países.
La OCU, que publica este informe en su revista Dinero 15, ha incluido trece consejos para las sociedades cotizadas con el fin de que mejoren su situación de gobierno corporativo.
En cuanto a las empresas, Sacyr Vallehermoso y Azcoyen logran las mayores puntuaciones, en tanto que Zeltia y Acerinox ocupan los lugares inferiores.
Este informe, efectuado en compañía de las asociaciones de consumidores europeas del grupo Euroconsumers, ha estudiado el "buen gobierno" de 444 empresas que cotizan en las bolsas europeas y de Estados Unidos, 65 de ellas españolas, a través de un cuestionario enviado a las compañías y el análisis de sus informes anuales, estatutos y decisiones de sus últimas juntas generales. EFECOM
jg/prb
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