MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, presentó hoy al Consejo de Ministros el Marco Nacional de Desarrollo Rural para el periodo 2007-2013, que supondrá un gasto público total de 15.800 millones de euros, 1.764 millones más que en el periodo 2000-2006.
Este documento, continuación del Plan Estratégico de Desarrollo Rural y enviadao a la Comisión Europea en diciembre de 2006, concreta y cuantifica las prioridades de España en materia de desarrollo rural para el nuevo periodo de programación comunitaria.
Concretamente, la aportación de la Administración General del Estado ascenderá a 3.162 millones de euros, lo que representa un incremento del 40,15% respecto al periodo 2000-2006.
El Marco Nacional de Desarrollo Rural contempla medidas horizontales relativas, por un lado, a la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias y de las industrias agroalimentarias, y, por otro, las destinadas a los aspectos ambientales incluidos en el nuevo Reglamento de desarrollo rural.
En el primer grupo se incluyen la gestión de los recursos hídricos, las infraestructuras rurales, el aumento del valor añadido de las producciones agrarias y forestales, la incorporación de jóvenes agricultores y la implantación y utilización de los servicios de asesoramiento. En el segundo, la prevención de incendios forestales y la conservación de la red Natura 2000 en los espacios forestales.
1.382 MILLONES A INFRAESTRUCTURAS.
El gasto público previsto para infraestructuras asciende a 1.382 millones de euros para el conjunto del periodo 2007-2013. La gestión de los recursos hídricos está enfocada exclusivamente al ahorro de agua, previéndose un ahorro anual de unos 1.800 hectómetros cúbicos, financiándose actuaciones únicamente en la modernización de regadíos ya existentes.
La medida de aumento del valor añadido, dirigida a las industrias y cooperativas agroalimentarias, tiene como objetivo principal la modernización del sector agroindustrial español y supondrá una inversión pública de 2.509 millones de euros en las 17 comunidades autónomas.
Asimismo, el Gobierno apuesta por la incorporación de jóvenes, al flexibilizar los criterios para poder acogerse a ayudas, pero priorizando a los agricultores que se instalen en explotaciones consideradas prioritarias. La ayuda máxima ascenderá a 55.000 euros por explotación y se prevé un gasto público en el período de 788 millones de euros.
Las ayudas para implantar y utilizar los servicios de asesoramiento a los agricultores y ganaderos para el cumplimiento de la condicionalidad de la PAC, enmarcadas en un amplio objetivo de mejora del capital humano, supondrán una inversión de 246 millones de euros.
Las dos líneas horizontales de carácter ambiental, de gran importancia en las áreas forestales españolas, fundamentalmente en las zonas declaradas de alto riesgo de incendios y en las superficies forestales incluidas en la Red Natura 2000, supondrán un gasto público de 744 millones de euros.
Por otra parte, a través de los elementos comunes se abre la posibilidad a las comunidades autónomas de poner en marcha el contrato territorial de explotación para gestionar las medidas de los Programas de Desarrollo Rural.
Finalmente, se introducen un conjunto de elementos comunes a todos los programas de desarrollo rural para la puesta en marcha del enfoque Leader que se aplicará en todas las comunidades autónomas, como mínimo para gestionar un 10% de los fondos FEADER de cada uno de los programas.
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