Bruselas, 23 mar (EFECOM).- La Comisión Europea denunció hoy a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir íntegramente la directiva sobre transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas.
La decisión de la CE se produjo después de que en marzo de 2005 envió un dictamen motivado a España para que aplicara completamente la norma, pero las autoridades de Madrid "aún no han cumplido con esa petición", según indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
La directiva fue aprobada en 2000 y enmendaba otra anterior de 1980, y los estados miembros tenían de límite hasta junio de 2001 para transponerla a sus normas nacionales.
"Interesa a los contribuyentes asegurar que el dinero público se usa para ofrecer servicios públicos en lugar de ser desviados ilegalmente para subsidiar actividades comerciales", señaló la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes.
Por ello, "todos los estados miembros tienen que aplicar las directivas de transparencia a fin de permitir a la Comisión que supervise las cuentas de las entidades que ofrecen servicios públicos de interés general o disfrutan de derechos especiales o exclusivos, a fin de evitar abusos", añadió.
La directiva (ley marco) tiene como objetivo velar por la transparencia de la contabilidad de las empresas públicas y de otras empresas que ofrecen servicios de interés general.
El texto impone un requisito de transparencia a los Estados miembros sobre los pormenores de las relaciones financieras entre los poderes públicos y las empresas públicas y del uso dado a los fondos públicos.
De igual manera impone transparencia ante la Comisión, requisito para el que prevé que ciertos datos financieros que obran en poder de los Estados miembros se deban presentar al Ejecutivo comunitario a petición de éste, mientras que otros datos se facilitan mediante informes anuales.
La directiva amplió estos requisitos de transparencia al incluir no sólo las empresas públicas sino también las que, por una parte, gestionan servicios de interés económico general y reciben una compensación en forma de pagos o de derechos especiales o exclusivos y que, realizan además operaciones comerciales normales.
Además, pretende garantizar que la Comisión Europea reciba los datos necesarios para instruir las denuncias sobre presuntas compensaciones excesivas de los costes del servicio público o subvenciones cruzadas de las actividades comerciales. EFECOM
rcf/pam
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