BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea llevó hoy a España y otros 9 Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber comunicado todavía las medidas de aplicación en sus respectivas legislaciones nacionales de dos directivas del denominado 'segundo paquete ferroviario', cuyo objetivo es garantizar un alto grado de seguridad e interoperabilidad en el sector ferroviario europeo. Estas normas tendrían que haberse transpuesto antes del 30 de abril de 2006.
"Un cierto nivel de armonización de las exigencias técnicas y de seguridad es esencial para crear las condiciones de una competencia equitativa necesaria para el buen funcionamiento del mercado ferroviario interior. Es indispensable que los Estados miembros pongan en marcha todas las condiciones que permitan la creación de un mercado de transporte ferroviario que sea equilibrado, abierto y seguro", dijo el vicepresidente de la Comisión y responsable de Transportes, Jacques Barrot.
Los 10 países que no han transpuesto las dos directivas del 'segundo paquete ferroviario' son, además de España, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia, Eslovenia y Eslovaquia. Estos Estados miembros no han respondido al dictamen motivado que la Comisión les envió en octubre de 2006 y por ello Bruselas ha decidido recurrir al Tribunal.
La primera de las directivas en cuestión tiene como objetivo reforzar la seguridad de los trenes garantizando una transparencia total sobre los procedimientos de seguridad en vigor. La norma instaura un procedimiento para conceder los certificados de seguridad que cada empresa ferroviaria debe obtener para que sus trenes puedan circular en la red europea.
Se trata de hacer que los sistemas de seguridad nacionales alcancen un nivel común europeo más elevado, que será definido por el Ejecutivo comunitario sobre la base de los trabajos técnicos preparatorios realizados por la Agencia Ferroviaria Europea. La directiva exige además la puesta en marcha de una autoridad de seguridad independiente y de un organismo de investigación sobre los accidentes e incidentes ferroviarios.
La segunda directiva cuya transposición España todavía no ha comunicado supone una puesta al día de la legislación en vigor en materia de interoperabilidad técnica, necesaria para la explotación de servicios transfronterizos y la reducción de los costes de los trenes que circulan en la red de alta velocidad. Esta norma permite además modificar los métodos de trabajo para acelerar los avances en materia de interoperabilidad, incluyendo la red convencional.
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