Economía/Empresas.- Endesa recurrirá la sentencia del TDC que le multa con 0,9 millones por abuso de posición dominante

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Endesa tiene previsto recurrir ante la Audiencia Nacional la sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) que le condena a pagar una multa de 900.000 euros por abuso de posición dominante en Mallorca, a raíz de una denuncia presentada por la patronal Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Mallorca (Asinem), informaron a Europa Press fuentes de la compañía.

Los servicios jurídicos de la eléctrica que preside Manuel Pizarro están estudiando la sentencia decretada el pasado martes y elaborando el recurso contencioso-administrativo que se presentará ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.

Las mismas fuentes apuntaron que la apelación de esta sentencia se fundamenta en que sus prácticas en el archipiélago balear no son ilegales y que, por tanto, no se ha incurrido en un delito de abuso de posición dominante.

El Tribunal, que hizo hoy pública la sentencia a través de un comunicado, justificó su resolución en que Endesa "ha aprovechado su posición privilegiada en el mercado de la distribución eléctrica para hacer llegar a sus clientes ofertas relativas a la acometida de instalaciones en un momento que no puede ser replicado por el resto de competidores en este mercado (los instaladores independientes) obteniendo, de esta forma, una ventaja competitiva determinante".

Igualmente, el Tribunal estima que Endesa Distribución Eléctrica no ha actuado con la especial responsabilidad que deben hacerlo todas las empresas en posición de dominio para evitar distorsiones al mantenimiento de las condiciones de competencia efectiva en los mercados.

En relación a la multa impuesta, el Tribunal ha valorado el beneficio obtenido por la infractora mediante la conducta calificada como abusiva durante el período 2002-2004, la duración de la conducta (como mínimo tres años), las características de la conducta abusiva y la cuota de la infractora en el mercado afectado.

Asinem interpuso esta demanda al considerar ilegal que la eléctrica ofertara sus servicios como instaladora. En su opinión, el sector factura anualmente por este tipo de trabajos del orden de 15 millones de euros, cantidad que, en su opinión, Endesa se habría embolsado al utilizar una información confidencial sobre las instalaciones eléctricas a realizar para ofrecer sus servicios a través de un presupuesto alternativo que el cliente aceptaba "con más facilidad" que el pactado inicialmente con un instalador externo.

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