Madrid 
Desde el estallido de la pandemia, vivimos inmersos en una concatenación de crisis permanentes que ponen a prueba la salud financiera de los ciudadanos y su capacidad para ahorrar. Hablamos de grandes desequilibrios sin visos de solución inmediata en España: seguimos a la cola en datos de empleo y con la expectativa de mantener la tasa de paro más elevada de toda la UE, según el FMI. Sin embargo, el contexto convulso en el que vivimos por cuarto año consecutivo tiende a reducir las ansias de planificación: se asume que los factores externos incontrolables pesan más que lo que podamos hacer nosotros.
Esta situación pone de manifiesto, más si cabe aún, la importancia de promover la educación financiera como único escudo protector de la buena salud económica de los ciudadanos ante cualquier evento que pueda surgir, ya sea de carácter eventual o coyuntural. Es imprescindible que cualquier persona tenga a su alcance los conocimientos y herramientas precisas para una correcta planificación financiera que le permita tomar las decisiones acertadas sobre el destino de sus recursos.
El reto es concienciar de la necesidad de pasar de un estado de no ahorro a una correcta planificación de los ingresos y gastos. Y esto no es nada fácil. Partimos del tradicional patrón de ahorro español, que suele ir en sentido contrario a los ciclos económicos: se incrementa en tiempos de crisis y se difumina rápidamente en períodos de expansión económica, lo que habla también de pautas de sobreconsumo y mayor vulnerabilidad ante acontecimientos adversos.
En estas circunstancias tan complejas, el ahorro de las familias debería constituir un resorte, precisamente para compensar los altibajos financieros que la macroeconomía pueda depararnos. Sin embargo, también es cierto que un ahorro defensivo expectante a nuevas crisis que puedan venir, junto con el estancamiento de los salarios en la unidad familiar, deriva en una actividad económica deficiente. Por eso, lo que verdaderamente constituye un factor de progreso y futuro es el ahorro previsional.
En este sentido, hemos sido testigos de las recientes medidas aprobadas para apuntalar el segundo pilar del sistema de previsión social, los planes de empleo, mucho más extendidos en otros países europeos. Sin embargo, el error aquí ha sido promover el segundo pilar en detrimento del tercero, los planes de ahorro individuales, e incluso incurrir en una cierta discriminación para los autónomos, ya que el importe total que se pueden deducir en la declaración de la renta a través de las aportaciones individuales y como trabajadores por cuenta propia es sustancialmente inferior a la de los empleados por cuenta ajena. El sistema de previsión social se sostiene sobre tres columnas y, por ello, no es de recibo reforzar dos de ellas, abriendo grietas en la tercera.
Del mismo modo, otra disfunción es el tratamiento fiscal discriminatorio que reciben las rentas financieras procedentes de los instrumentos de previsión social, que tributan como rendimientos del trabajo, mientras que cuando proceden de otros instrumentos de ahorro, como los seguros individuales, son consideradas como rendimientos del capital mobiliario sometidos a tipos menos gravosos. Se requiere, por tanto, en paralelo, una mayor cultura económica y un desarrollo legislativo que allane el camino hacia esa imprescindible planificación financiera.
La pertinencia de infundir en la ciudadanía la necesidad de una adecuada formación económica es mayor aún si nos detenemos a reflexionar sobre el horizonte de "inestabilidad permanente" que trazaba la propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Afrontamos los retos de una población envejecida (actualmente, el pago de las pensiones públicas ya representa más de un 40% de los PGE) en un entorno de menor dinamismo económico global, inflación y bloques económicos fracturados por las tensiones geopolíticas. Ante esta situación de desconfianza, es de máxima importancia mantener un óptimo respaldo legislativo, acompañado de un discurso público proactivo. Es responsabilidad de las instituciones y autoridades políticas desarrollar un marco legislativo apropiado con el que fomentar el ahorro en la población española, facilitando y potenciando una diversificación ordenada del mismo, así como impulsar y ofrecer soluciones basadas en la digitalización y la sostenibilidad que sean más eficientes, transparentes y democráticas que las hasta ahora existentes. Solo así conseguiremos que las familias españolas gocen de una buena salud financiera en cualquier circunstancia.
Todos estos desafíos sólo se combaten de una manera. No hay fórmulas mágicas: concienciación de la importancia de la educación financiera en torno al ahorro previsional; comprensión del mecanismo de funcionamiento de los mercados (que, sin capacitación financiera, es inviable) y herramientas para ejecutar y dar amparo a nuestra salud económica futura. Es decir, usar la planificación financiera a largo plazo como faro con el que alumbrar la oscuridad que siempre trae consigo la incertidumbre macroeconómica y de los mercados. Este marco debe impulsarnos a un estado de alerta activa y a tomar las riendas de nuestras propias finanzas. Parafraseando el Whatever it takes de Mario Draghi: hagamos todo lo que sea necesario para salvaguardar nuestro futuro financiero.