Los nuevos edificios son energéticamente eficientes, pero el gran reto está en rehabilitar los antiguos. En España, el parque inmobiliario está envejecido y tiene, de media, una calificación energética de 'E', la más baja. El director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de la Banca (AEB), Juan Carlos Delrieu, reclamó en la mañana de este martes una mayor colaboración entre la Administración Pública y los agentes privados para afrontar el gran 'giro verde' que tiene que realizar el inmobiliario. Visite el portal especializado elEconomista ESG.
Delrieu intervino en una mesa redonda organizada en el marco de la presentación del Green Finance Institute en España, celebrada en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Un evento en el que el sector del ladrillo, culpable del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ha sido el gran protagonista. El Green Finance Institute, dirigido en España por Eduardo Brunet y respaldado por capital filantrópico, nace precisamente con el objetivo de hacer de puente entre la Administración Pública y los sectores económicos para facilitar la movilización de capital hacia una economía descarbonizada. El germen de este organismo se encuentra en Reino Unido, donde vio la luz en diciembre 2019, para posteriormente expandirse a Dinamarca y a España. En la mesa redonda de este martes también participaron Ana Puente, subdirectora general de Legislación de Mercado de Valores e Instrumentos Financieros en la Secretaría General del Tesoro, y María García, directora general de Climate-KIC en España y LATAM.
Según un estudio de este Instituto, España es el país más atractivo de toda Europa para invertir en rehabilitación de edificios
"Se nos llena la boca hablando de lo importante que es la colaboración público-privada, pero en muy pocas ocasiones he podido palpar una colaboración eficaz y real en este sentido. Y el Green Finance Institute, al menos en Reino Unido y espero que también en España, es un ejemplo de lo que significa esa colaboración", ha señalado Delrieu. El director de Sostenibilidad de la AEB aprovechó para reclamar un rol relevante a la Administración: "Un papel de apoyo; que ejerza una labor de aval", de forma que los debates que se produzcan en los talleres y mesas de diálogo celebrados en el seno del Instituto sobre rehabilitación de vivienda "estén avalados por el Gobierno", de forma que éste que "recoja las propuestas" que arroje este debate, y ponga en marcha aquellas que sean viables.
También destacó Delrieu el "enorme interés" por España que ha mostrado el Instituto. "Realizaron un estudio en donde pudieron parametrizar el mercado español, que resultó ser el más atractivo de toda Europa para invertir en eficiencia energética y rehabilitación de edificios". Pero, pese a este atractivo, este mercado "no funciona". "Lo que están haciendo los bancos es multiplicar el número de productos y servicios financieros ligados fundamentalmente a la instalación de placas fotovoltaicas, o promoviendo la financiación en condiciones ventajosas para la compra o rehabilitación de viviendas con unos certificados de eficiencia energética altos, pero somos muy conscientes de que con esto no llegamos a la escala que se requiere, una escala que trasciende lo que se plantea los fondos de recuperación. No estamos hablando de 5.000 viviendas en 3 años, sino de 7 millones de viviendas en los próximos 25 o 30 años". El problema es, explicó, el exceso de burocracia.
Por parte, Patricia García de Ponga, directora Financiera y responsable de Sostenibilidad en la gestora de inversiones inmobiliarias CBRE, afirmó que los edificios sostenibles generan rentas por alquiler un 6% más altas, un porcentaje que incluso es más elevado en ciudades como Madrid o Barcelona. "Nuestro equipo de evaluaciones está evidenciando que realmente los parámetros de sostenibilidad aportan valor a los edificios", explicó esta experta. "Cada vez vemos más interés por parte de los inversores en analizar aspectos de sostenibilidad en las inversiones; por ejemplo, ahora se realizan due diligences" ya no meramente técnicos sino "también sobre cómo están los edificios desde el punto de vista medioambiental, social y de gobernanza, algo que hace dos años no se realizaba", explicó.
