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La joya de la corona de Alaska, en disputa: la pelea por el control de un fondo público de 80.000 millones

Foto: Archivo

La política acostumbra a verse tentada por la gestión de las grandes sumas de dinero, incluso cuando la labor de personas expertas da grandes resultados. Y la politización de estos organismos aparentemente independientes suele acabar con grandes escándalos - no hay más que recordar las cajas de ahorros en España. Cuando la suma a gestionar asciende a 82.000 millones de dólares, los problemas se multiplican.

En 1976, Alaska (EEUU) aprobó una reforma de la constitución del estado para crear el Fondo Permanente de Alaska, que sería controlado por una empresa pública. En un lugar donde la industria del petróleo dominaba la economía, la idea del fondo era dedicar parte de los beneficios de la industria a la inversión para que hubiese un montante del que se pudiesen beneficiar generaciones futuras, cuando el petróleo se hubiese agotado.

El resultado ha sido todo un éxito por partida doble. Por un lado, en medio siglo ha pasado de controlar los 734.000 dólares iniciales a 82.400 millones de dólares. Por otro, desde 1982 abona un dividendo anual a cada ciudadano de Alaska que ha llegado a ser de más de 2.000 dólares per capita en la última década, en lo que algunos consideran como una suerte de renta básica.

Entra la política

Desde 2015, el fondo ha estado dirigido por Angela Rodell, una graduada en ciencias políticas y economía que pasó de la empresa privada a ser en 2014 la comisaria del departamento de Ingresos del estado, el equivalente - con muchos matices - a un consejero de Economía en una comunidad autónoma española. De ahí dio el salto al Fondo Permanente de Alaska, donde su gestión ha sido exitosa: ha revalorizado el fondo en casi 24.000 millones en los últimos cinco años, mejorando notablemente las cifras de su predecesor.

Además, pese a que el perfil del fondo es marcadamente conservador, su cartera de capital privado tuvo una ganancia del 65% en el año 2021, y el conjunto del fondo logró un crecimiento de casi el 30%. Con una diversificación entre acciones, bonos, inversiones inmobiliarias y fondos de cobertura, la herramienta de inversión ha prosperado evitando apostar por el propio estado.

Pero ahora Rodell ha sido destituida en lo que parece una venganza política del propio gobernador, el republicano Mike Dunleavy. Este quería aumentar la cuantía de los dividendos entregados a los ciudadanos así como incrementar el número de fondos que recibe el gobierno estatal para colaborar en los presupuestos (una medida aprobada en 2018), algo a lo que se oponía Rodell.

Tras la confrontación a este respecto, Rodell fue destituida en una votación de la Junta por cinco miembros a favor de la destitución y uno en contra. Los cinco que se mostraron favorables son consejeros nombrados directamente por Dunleavy, mientras que el que se posicionó en contra fue designado por el anterior gobernador. En su lugar se ha puesto de forma interina a Valerie Mertz, la directora de finanzas de la entidad desde 2012.

Rodell ha subrayado públicamente que su destitución fue una "represalia política" para que "ellos puedan poner a alguien a quien puedan controlar y manipular". Dunleavy ha negado este extremo señalando que su gobierno no tiene nada que ver puesto que el sistema de gestión del fondo "fue creado para proteger el fondo de la influencia política" y que no se ha visto "involucrado en ninguna toma de decisiones" relativa al despido.

Sin embargo, la postura de Dunleavy se cuestiona desde su propio partido. Un exgobernador republicano, Frank Murkowski, ha pedido que se den explicaciones públicas al respecto, mientras que el Senado estatal ha abierto una investigación al respecto.

Mientras, un congresista demócrata en el legislativo estatal, Andy Josephson, ha presentado una iniciativa para cambiar el sistema de gobernanza del ente público. "Hay una creencia de que la junta se ha politizado y no es independiente del gobierno", afirma.

De esta forma, propone que los dos miembros del gabinete del gobernador que tienen que estar en la junta se reduzcan a uno, y que desaparezcan los cuatro miembros públicos que designa a dedo el propio gobernador. En su lugar, serían seis personas pero elegidas por los representantes del legislativo.

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