Nueva York
La relación entre Elon Musk, el consejero delegado de Tesla, y la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) nunca ha sido buena. Durante muchos años los reguladores han tratado de meter en vereda al multimillonario con el objetivo de que éste se comporte como un directivo al uso.
Sus desatinos en Twitter culminaron en agosto de 2018, cuando Musk puso sobre la mesa la posibilidad de privatizar la compañía. "Estoy considerando privatizar Tesla a 420 dólares. Financiación asegurada", rezó por entonces su mensaje, que llegó días después de la presentación de resultados de la empresa, donde el directivo pidió disculpas por su comportamiento errático, especialmente durante una conferencia con analistas previa, donde calificó las preguntas como "aburridas".
El infame tuit del 7 de agosto de 2018 hizo que las acciones de Tesla se dispararan y desató un periodo de volatilidad para la compañía y Musk. En los 16 meses posteriores, las títulos del fabricante de coches eléctricos alcanzaron un mínimo de tres años en torno a los 177 dólares antes de volver a despuntar y superar los 420 dólares en diciembre de 2019.
Alrededor de cuatro meses antes, aprovechando el Día de los Inocentes a este lado del Atlántico (que se celebra el 1 de abril), el consejero delegado tuiteó que la compañía estaba completamente en quiebra, palabras que llegaron después de que los títulos de la compañía borraran un 22% de su valor en marzo.
Por aquel entonces varios inversores de Tesla presionaron a Musk para que se tomase un descanso en Twitter, después de que el pasado mes calificase de "pedófilo" a uno de los submarinistas que ayudaron en el rescate de un equipo de fútbol infantil tailandés atrapado en una cueva.
Con estos precedentes sobre la mesa, la SEC tomó cartas en el asunto presentando originalmente dos denuncias separadas -una contra Musk personalmente y otra contra Tesla- acusándolos de cometer fraude de valores.
Las tres partes saldaron la situación con un acuerdo por un total de 40 millones de dólares y cambios dentro de la gobernanza del fabricante de coches eléctricos, que cesó a Musk como presidente del Consejo de Administración pero no como consejero delegado. El compromiso también incluyó una fórmula para limitar los devenires de Musk en las redes sociales: obligar a Tesla, a través de un consejero legal, a aprobar previamente cualquier declaración de su capitán que pudiera mover los mercados.
Obviamente, la eficacia de este asunto brilla por su ausencia. El Wall Street Journal informó este martes que la SEC avisó a Tesla dos ocasiones durante 2019 y 2020 para advertir a la compañía que algunos de los tuits de Musk deberían haber sido sometidos a la supervisión acordada. No obstante, Tesla dijo no estar de acuerdo, justificando que dichos mensajes no estaban dentro del alcance del acuerdo.
Musk está obligado a que los tuits relacionados con Tesla que contengan información material de la empresa sean aprobados por un abogado antes de publicarlos.
Los funcionarios de la SEC señalaron un tuit del 1 de mayo de 2020, en el que Musk dijo que el precio de las acciones de Tesla era "demasiado alto", lo que provocó un descenso de más de 13.000 millones de dólares en el valor de mercado de la empresa, según el informe. La SEC también consideró que algunos de los tuits de Musk de 2019, en los que hablaba de las cifras de producción de techos solares sin obtener aprobaciones previas.
Musk tiene la "sartén por el mango"
Los esfuerzos de la SEC por acallar a Musk no han hecho más que ofuscar más al directivo y a Tesla, que parecen entender la ventaja que tienen. Según explica al WSJ David Rosenfeld, un ex funcionario de la SEC que ahora enseña derecho en la Universidad del Norte de Illinois, "debido a que Elon está tan entrelazado con la empresa, cualquier acción drástica contra Musk tiene el potencial de perjudicar a Tesla y a sus accionistas".
De esta forma, el multimillonario es consciente que tiene la sartén por el mango. Dicho esto, algunos de los accionistas de Tesla se han sumado a la frustración mostrada por la SEC a la hora de conseguir que Musk modere sus mensajes en las redes sociales. Cabe recordar que un inversor de Tesla demandó a Musk afirmando que los tuits del directivo violan el acuerdo de la SEC.
Chase Gharrity, el demandante, manifestó que las acciones de Musk y la inacción de los directores han causado un "daño financiero sustancial", y que deben pagar daños y perjuicios a Tesla, con sede en Palo Alto, California, por el incumplimiento de sus deberes fiduciarios.
La demanda se presentó este año a pesar de que el precio de las acciones de la compañía se han multiplicado casi por cinco desde la debacle de 2018, dando a Tesla una valoración de casi 600.000 millones de dólares. La empresa también forma parte del S&P 500 desde finales del año pasado.
Paralelamente, el pasado mes de abril, un juez federal de San Francisco concluyó que Tesla y Musk debían enfrentarse a una demanda en la que se alegaba que el tuit de Musk sobre la privatización de la compañía había defraudado a los accionistas. Ese caso sigue pendiente.
Una de las últimas balas en la recámara para la SEC es prohibir a Musk poder dirigir una compañía cotizada. Aún así, esta "opción nuclear" requiere demostrar que una persona ha violado las leyes antifraude y es incapaz de servir en un papel de liderazgo. Dada la popularidad del directivo y su simbolismo en Tesla, una decisión como esta podría acabar generando más daños que beneficios tanto a la compañía como a sus accionistas.
