
El pasado mes de febrero, la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre Mifid II, a la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) respondió en mayo. En esa respuesta, uno de los puntos abordó el debate sobre prohibir los incentivos en la comercialización de fondos de inversión. "La CNMV está abierta a que se produzca ese debate tras un proceso intenso de análisis sobre las consecuencias que tendría", señaló ayer Víctor Rodríguez, director general de política estratégica y asuntos internacionales del regulador en el marco de un foro organizado por IEAF-FEF. "Creemos que aún no está maduro para poder proponer la prohibición".
En el acto también participó Inverco, que dejó claro que su postura en materia de incentivos es próxima a la de ESMA, entidad que ha remitido una serie de consideraciones a la Comisión Europea (CE) en las que describe posibles efectos indeseados de prohibirlos (como el aumento de la venta de productos propios o la compensación vía dividendos entre gestoras y grupos financieros, entre otros). Aunque ESMA también dice, finalmente, que es la CE quien debe evaluar las consecuencias y pensar en medidas que mitiguen sus efectos.
Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, destacó que en España existe un argumento adicional que justificaría que no se prohibieran: "Nuestro modelo de partícipes es minorista y con saldos medios bajos. Por tanto, la traslación de un modelo de incentivos hacia un modelo de no incentivos y, por tanto, de asesoramiento, claramente impactaría en nuestra industria nacional mucho más que en el resto de las industrias de otros países ya que su porcentaje de inversores institucionales es justo el inverso del nuestro. En nuestro caso, el 80% es minorista, al revés que en Francia, Alemania, Italia".
El nuevo régimen de incentivos que propone Mifid II ha llevado a las entidades a cambiar sus modelos de negocio y a incorporar, también, nuevas comisiones, como la de custodia en los fondos de inversión en los que no sean de la propia casa. A la pregunta de si está pendiente modificar esta cuestión, Víctor Rodríguez, de la CNMV, reconoció que es una "es una problemática importante. Estamos intentando que el modelo tenga una remuneración razonable con la justificación adecuada, pero sin duda hay que racionalizarlo. Habrá que hacerlo cuando tengamos claro qué modelo tenemos, qué modelo queremos, y qué cambios va a haber. No tenemos un proyecto previsto pero es algo que tenemos en mente".
La revisión de Mifid entrará en vigor en enero de 2022. Antes habrá un paquete de medidas, que abordará las materias que se consideran más urgentes en el contexto de la crisis que se ha generado, que entrarían en vigor en enero de 2021. "Deberían ser medidas de alivio que puedan afectar, por ejemplo, al uso del mercado", señaló Víctor Rodríguez, de la CNMV.