Economía/Empresas.- El TUE condena a España por no haber aplicado a tiempo la directiva de liberalización del gas

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dio hoy la razón a la Comisión Europea y condenó a España por vulnerar la normativa comunitaria al no haber adaptado a tiempo a su legislación nacional la directiva de liberalización del mercado del gas, que data de junio de 2003. Los jueces todavía tienen que pronunciarse sobre un recurso similar del Ejecutivo comunitario sobre el retraso de España en la directiva de liberalización de la electricidad.

Ambas directivas establecen la libertad de elección de proveedor para los clientes industriales desde el 1 de julio de 2004, una libertad que se extenderá para los clientes domésticos del 1 de julio de 2007.

La norma sobra el gas fijaba como plazo máximo para su transposición en las legislaciones nacionales el 1 de julio de 2004 y obligaba a los Estados miembros a informar a la Comisión de todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se hubieran adoptado para hacerlo.

Al no haber recibido información de España, la Comisión inició un procedimiento de infracción en octubre de 2004 y envió a Madrid un dictamen motivado en marzo de 2005 en el que instaba a las autoridades españolas a adoptar las medidas necesarias para aplicar la directiva en un plazo de dos meses. Ante la falta de respuesta, acudió al Tribunal de Justicia.

En sus alegaciones, España no negó que no había adaptado por completo su derecho interno a lo dispuesto en la directiva dentro del plazo señalado. Sin embargo, afirmó que los objetivos de dicha norma se ven ampliamente satisfechos por el modelo gasista español. Añadió que se están elaborando medidas para completar la adaptación a la directiva y solicitó que se desestimara el recurso.

El TUE rechaza los argumentos de España y dictamina que el Gobierno "ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la directiva, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir lo dispuesto en la directiva". Asimismo, le condena al pago de las costas judiciales.