La familia Polanco, a través de la sociedad Rucandio, y Global Alconaba han acudido a la emisión de obligaciones de Prisa, cuyo plazo plazo de suscripción vencía ayer según han confirmado a elEconomista.es fuentes cercanas a la operación. Se trata del tercer y cuatro accionista del grupo de comunicación, poseen un 7,28% y un 6,77% respectivamente.
Ambos han acudido a la ampliación junto a Josep Oughourlian, presidente de Prisa y accionista representante de Amber, y Vivendi. De esta forma los cuatro primeros accionistas han respaldado la emisión, lo que supone el apoyo de más de la mitad del capital. Sin embargo, el apoyo no es total.
La dueña de El País y la Cadena SER ya avisó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que prevía "la posibilidad de suscripción incompleta de la emisión". No está tan claro que accionistas como el Banco Santander, dueño de un 4,63% o el jeque catarí Khalid bin Thani bin Abdullah Al Thani, con un 4,92%, vayan a acudir a la emisión.
Aquellos que hayan decidido no acudir a la emisión verán diluida su participación en un 32%. En el caso de Santader vería como su peso en Prosa cae hasta el 2,811% mientras que en el caso de Telefónica se posicionaría con un 1,324%.
El objetivo de la emisión es reducir la deuda de Prisa, pero Vivendi podría aprovechar este escenario para incrementar su participación en el grupo sin necesidad de recibir el visto bueno del Gobierno.
En el folleto que remitió CNMV explican que existe la posibilidad de que un accionista significativo actual "adquiera un número significativo de las obligaciones convertibles en acciones nuevas". Esto le daría la oportunidad de nombrar más consejeros dominicales, entre y ganar peso en el Consejo de Administración, entre otras cosas.
Huelga de los trabajadores
Por otra parte, los trabajadores de la división de medios del grupo han convocado una huelga los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero bajo el lena La deuda no la pagamos nosotros tal y como aprobó ayer la asamblea de trabajadores. La plantilla denuncia los sueldos excesivamente bajos, falta de motivación y desconsideración por parte de la empresa.
Otro de los puntos que más crispación ha despertado entre los trabajadores es la decisión de implantar la presencialidad obligatoria al 100% desde le próximo 30 de enero y poner fin así al teletrabajo. Una medida que según ha podido saber elEconomista.es fue comunicada a los empleados de todas las cabeceras del grupo el pasado viernes 20 de enero. Los trabajadores exigen la retirada de esta medida porque "contradice los planes de sostenibilidad e igualdad de la compañía" y piden que se mantenga el actual modelo híbrido de teletrabajo mientras se negocia un nuevo modelo con la plantilla.
