El despacho Abdón Pedrajas sostiene que el reciente Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación "no contempla un sistema de garantías procesales suficientes que aseguren su cumplimiento". Por ello, lamenta que, probablemente, "la impunidad en materia discriminatoria que se advierte hoy en día en el mundo laboral va a continuar ya que la norma va a tener muy poca transcendencia práctica".
Así se deriva de una nueva sesión del Aula Laboral del despacho, en la que Tomás Sala, director de Formación de Abdón Pedrajas y catedrático del Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, y Jesús Lahera, consultor del bufete y profesor titular de Derecho del Trabajo Universidad Complutense Madrid, repasaron el Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo, que introduce importantes novedades como los planes de igualdad efectiva, medidas laborales de igualdad de género, reducción de brecha salarial de género, adaptación de la jornada por conciliación laboral y familiar, o la ampliación de permiso de paternidad.
"La impunidad discriminatoria va a continuar porque la normativa tiene poca trascedencia práctica", advierten
El catedrático reconoció que "tiene una valoración muy positiva del Decreto en tanto que considera la igualdad como materia social de urgente tratamiento". Sin embargo, subrayó que "desde un punto de vista técnico-formal y jurídico-material, se trata de una norma precipitada y de enorme ambigüedad". Explicó Sala que, si bien "nace con vocación de complementar la Ley de Igualdad de 2007, es, precisamente, en este objetivo de transversalidad donde más falla, al carecer de aspectos procesales suficientes para garantizar los objetivos que persigue".
En este sentido, lamentó que, teniendo en cuenta la cantidad de proposiciones de ley en materia de igualdad presentadas por distintos grupos políticos, "había material suficiente para hacer un buen texto". Y aseguró que "encontrar un motivo de urgente y extraordinaria necesidad para justificar el uso del instrumento del Real Decreto en esta materia en los términos de la Constitución es bastante discutible". Por ello, advirtió de que la norma está sujeta a una doble amenaza: una posible declaración de inconstitucionalidad por falta de esa urgente necesidad, así como por la composición de Parlamento tras las elecciones del 28 de abril que podría derogarla o impedir que sus medidas salgan adelante.
Jesús Lahera repasó las medidas dirigidas a la conciliación familiar y laboral que introduce el texto. En línea con Tomás Sala, advirtió que es "altamente defectuoso". Así, se refirió, entre otras, a la adaptación de las jornadas y horarios para la conciliación familiar y aseguró que "si bien se ha superado un derecho hasta ahora programático para convertirse en una verdadera obligación legal", también en este caso "nos encontramos con una falta de garantías procesales que aseguren su cumplimiento". Además, subrayó que el procedimiento negociado que prevé la norma entre empresa y trabajador desplaza la cuestión a la solución judicial.