El Parlamento Europeo ha aprobado de forma definitiva la Directiva sobre copyright por una mayoría de 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones. La nueva normativa, que regula los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, reforzará a los autores frente a las tecnológicas y los gigantes de Internet y también habilitará a los editores de prensa para exigir compensaciones a los agregadores de noticias, como el que utiliza la compañía Google.
De hecho, la Directiva supone el reconocimiento legal por parte del legislador europeo de la denominada Tasa Google, que ya está implantada en España. El Consejo de Ministros aprobó el 18 de enero los proyectos de ley que crean los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, con los que el Gobierno prevé recaudar 1.200 y 850 millones de euros, respectivamente, y que iniciarán ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso. El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
La tramitación de la normativa ha sufrido fuertes presiones lobistas en todos los sentidos. Varias fuentes aseguran que los eurodiputados han sido víctimas incluso de llamadas amenazantes.
La tramitación de la normativa ha sufrido fuertes presiones lobistas en todos los sentidos
"Los temas que han sido objeto de fuertes discusiones son la obligación de los proveedores de servicios de intercambio de contenidos online, como YouTube, de obtener autorización de los titulares de derechos para compartir obras protegidas por derechos de autor o el aumento de las obligaciones de información de las empresas de medios de comunicación, con el fin de garantizar una remuneración justa a los autores, artistas e intérpretes", explica Raúl Bercovitz, of counsel de IP de Bird & Bird.
Norma polémica
"La Directiva logra razonablemente un equilibrio entre la protección a los titulares de derechos y las demandas de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, que así les permitirá utilizar obras y prestaciones en condiciones de seguridad jurídica", asegura José Carlos Erdozain, of counsel de PONS IP. "Lo que está claro es que había una necesidad evidente de regular esto y redefinir el marco legal aplicable tras casi 18 años de experiencia", añade.
"El texto ha generado gran controversia porque elimina la exención de responsabilidad de la que hasta ahora gozaban las entidades cuya principal finalidad es permitir a los usuarios acceder o compartir contenidos en línea, como Facebook o YouTube, respecto de la infracción de derechos de propiedad intelectual por los contenidos cargados por los usuarios", apunta sobre esto Dulce Miranda, socia de IP de Deloitte Legal.
"La Directiva les impone la necesidad de adoptar medidas para garantizar que no se pueda acceder a contenidos protegidos por derechos de autor para los que no hayan obtenido una autorización previa", añade. "El impacto que esto tiene en los prestadores de este tipo de servicios es evidente", apostilla Miranda.
