Las familias que se han desgravado gastos de servicios recibidos por sus hijos en colegios concertados en el IRPF en concepto de donativos tendrán que devolver a la Agencia Tributaria (Aeat) el importe de los últimos cuatro años, aunque los colegios hayan emitido certificados en tal sentido.
La Agencia Tributaria considera que los padres de hijos escolarizados en centros concertados no tienen derecho a deducirse estos pagos en sus declaraciones de la Renta en concepto de donativos, lo que les permitiría aplicarse una deducción fiscal de hasta el 75 por ciento para los primeros 150 euros y un 30 por ciento para el resto de la donación.
Aunque fue el pasado mes de noviembre cuando el Consejo General de Economistas (CGE) alertó de que la Aeat ya estaba exigiendo la devolución de estas deducciones, hasta ayer no se hizo nadie una idea de las dimensiones del problema.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, señalaba ayer en el Congreso que corresponde al Ministerio de Hacienda la revisión de las desgravaciones a los padres de la escuela concertada y reveló que el cómputo de esas deducciones supera los 1.000 millones de euros.
3.000 euros por familia
Celaá respondía así a las preguntas de la portavoz de Ciudadanos en materia de Educación, Marta Martín. La diputada cuestionaba a la ministra la decisión del Ejecutivo de revisar las deducciones a los padres de la concertada por considerar que se trata un "hachazo" a la clase media, ya que "podría suponer hasta 3.000 euros por familia".
"Corresponde a Hacienda porque se relaciona con los impuestos", precisó ayer la titular de Educación, que reveló que será quien haga los "análisis correspondientes sobre estas desgravaciones, porque habrá unas deducciones que son válidas y otras que no lo son tanto".
El presidente del Consejo de Economistas, Valentín Pich, pidió ayer a la Agencia Tributaria que no cambie las reglas del juego a mitad de partido. A este respecto aseguró que si los Gobiernos quieren cambiar las normas o sus interpretaciones es necesario que se sepa con antelación para no crear una gran bolsa de problemas que luego es dificil de solucionar y que acaba colapsando los tribunales de justicia.
La Aeat desde los últimos meses de 2018 viene examinando que los importes pagados por los padres, ya sean voluntarios o de carácter obligatorio, redunden en la calidad de los servicios prestados, percibiéndose por tanto una contraprestación, ya sea de manera directa o indirecta.
Fuentes de la Aeat, consultadas por elEconomista han explicado que se trata de casos puntuales y de una práctica antigua, puesto que "desde el momento en que hay contraprestación, los pagos no pueden tener la consideración de donativos".
Como consecuencia de que se dejen de considerar estas cuotas como donaciones, Rubén Gimeno advirtió ya en el mes de noviembre que los centros deberán declarar por estos ingresos adicionales en el Impuesto sobre Sociedades, gravados al 25 por ciento. Algunos colegios concertados incluyen estos pagos de los padres en Fundaciones y los certificados de los pagos son los empleados para solicitar la desgravación en Renta.
A este respecto, Luis del Amo, secretario técnico del Reaf, advirtió que la Aeat ha dotado de más medios al área de revisión del Impuesto sobre la Renta y que este mayor control está dando frutos recaudatorios.
Ayer, en el Congreso, a las críticas de la diputada de los 'naranajas' se ha unido el portavoz parlamentario del partido que preside Albert Rivera, Juan Carlos Girauta. En declaraciones a los medios ha considerado "alarmante" que el Gobierno "deje la puerta abierta" a estas devoluciones. "Nos parece que, de nuevo, se trata de utilizar los impuestos como algo ideológico, de gravar aquello que al Gobierno no le gusta y, en todo caso, es retroactivo y atenta contra la seguridad jurídica", ha apuntado.
Acusaciones entre partidos
La medida fue rechazada ayer por el PP. Su portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, ha señalado que su partido siempre ha defendido todas las redes educativas que hay en el país, la pública, la concertada y la privada, porque defienden la libertad de elección de los padres para educar a sus hijos. Aprovechando la ocasión, atacó a Ciudadanos, a quien acusó de estar en contra de la concertada en Murcia y a favor en Castilla-La Mancha.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, ha hecho un alegato en favor de la escuela pública como "mejor forma de garantizar el futuro y la dignidad" de la educación en España, e indicó que "la concertada debe ser subsidiaria de este modelo". Sin embargo, no opinó sobre el anuncio del Ejecutivo al revelar que no la había analizado en detalle.
