Bruselas
Jean-Claude Juncker quiere despedirse de los mandos de la Comisión Europea con una jugada arriesgada. Busca eliminar los vetos nacionales a las directivas en materia fiscal. Un terreno en el que su país tiene mucho que perder, y que embarró el arranque de su mandato hace un lustro por el escándalo de los papeles de Luxleaks.
La revolucionaria idea que propuso ayer la Comisión no suena tan disparatada, o al menos para sus propios defensores. El Ejecutivo comunitario quiere terminar progresivamente para 2020 con la unanimidad que requieren las nuevas normas en materia de fiscalidad, y sustituirla por una mayoría cualificada. Esta legislación podría salir adelante con el apoyo de 16 de los 28 Estados que representen al menos al 65 por ciento de la población.
La institución propone tres fases. Así, en la primera la mayoría cualificada se introduciría para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. En un segundo, se adoptaría en materias relacionadas con políticas europeas como clima y energía. En una tercera fase se utilizaría para actualizar legislación europea existente, como en el caso del IVA u otros impuestos específicos.
Finalmente, se recurriría a la mayoría cualificada para cambios más ambiciosos, como para introducir la base común consolidada del impuesto de sociedades o los nuevos impuestos para la economía digital, ambos proyectos atascados en la mesa del Consejo.
Respaldo del Parlamento
La Comisión también propone que el rol consultivo que juega el Parlamento Europeo en asuntos tributarios se convierta en un respaldo formal a las nuevas normas.
Europa tendría mucho que ganar, pero la Comisión se arriesga a dar munición a los más nacionalistas y euroescépticos ante las próximas elecciones de mayo. Algún diplomático de las capitales más celosas de su autonomía fiscal comentó que la iniciativa nace muerta.
El comisario al cargo de esta materia, Pierre Moscovici, indicó ayer que está al tanto de la "sensibilidad" del debate. Pero aseguró que "queremos avanzar junto con los Estados miembros, no en su contra".
Y para intentar convencer a los gobiernos más escépticos, el comisario francés se cargó de argumentos. Indicó que la eliminación será gradual y recordó que en otras materias igualmente sensibles, como la cooperación policial, ya se aplica el sistema de mayoría cualificada entre los Estados miembros. Además, recordó que tres de cada cuatro europeos espera que Europa priorice la lucha contra la evasión fiscal, un asunto que se ha convertido en una preocupación para la ciudadanía durante este mandato político a raíz de los escándalos de los acuerdos de Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Irlanda y otros países con las multinacionales para rebajar su contribución tributaria.
La Comisión insiste en que no se trata de romper la unanimidad para introducir nuevos impuestos o para armonizar los existentes. El objetivo es poder sacar adelante leyes que eviten que las multinacionales puedan seguir reduciendo de manera dudosa sus contribuciones al fisco, o para mejorar lucha contra los crímenes trasnacionales.
Moscovici cargó contra la necesidad de reunir el aprobado de los 28 socios y dijo que la unanimidad es "legalmente problemática y económicamente contraproducente", al tiempo que añadió que no va a proteger a los ciudadanos de estos países en los debates tributarios globales, sino más bien lo contrario.
