El proceso de una empresaria ligada al caso Funes en El Salvador pasa a instrucción

San Salvador, 14 ene (EFE).- Una corte de El Salvador envió a la etapa de instrucción el proceso contra la representante de una empresa de capital italiano vinculada a un caso de malversación que enfrenta el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por evasión de impuestos, informó hoy el órgano Judicial.

La fuente precisó que el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador tomó la decisión en una diligencia "con vista de requerimiento", dado que Ana Lucía Alfaro Alvarado "no compareció" ante el juez ni envió un representante legal.

Detalló que la mujer es "apoderada general judicial y administrativa" de la empresa ASTALDI sucursal El Salvador, "acusada de evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública".

El órgano de Estado señaló que la Fiscalía la acusa de evadir más de 9,8 millones de dólares del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el año 2012 con "información falsa" de sus operaciones.

Esta empresa es vinculada por la Fiscalía en la trama de corrupción con la que supuestamente el expresidente Mauricio Funes realizó una millonaria malversación de fondos de una represa.

La referida compañía tenía un contrato desde 2008 por más de 219,9 millones de dólares con el Gobierno para construir la represa El Chaparral, pero ésta abandonó la obra por "imprevistos" geológicos, según el Ministerio Público.

El Gobierno de Funes, de acuerdo con la Fiscalía, pactó con ASTALDI el pago directo de 108,5 millones de dólares, que incluía la cancelación de "la obra ejecutada hasta el momento, más una suma adicional de 45.244.418 dólares, sin existir base legal ni técnica" para el monto extra.

Por este caso, además de Funes, son procesados la cónyuge del exmandatario, Mitchell Guzmán; el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, José Leopoldo Samour; y los representantes de ASTALDI, José Enfraín Quinteros y Mario Pieragostini.

"En julio de 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, (los acusados) lograron anular el contrato y desviar entre ellos un monto de 108,5 millones de dólares", sostuvo la Fiscalía el pasado 4 de enero.