Madrid
El Ministerio de Justicia reconoce que se encuentra a la espera de la resolución del recurso judicial del Consejo del Notariado contra la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, que introduce la declaración sobre los titulares reales de las sociedades obligadas a presentar sus cuentas anuales ante el Registro Mercantil. Una vez conocido el fallo, decidirá sobre la adaptación del sistema a las nuevas exigencias de la Cuarta Directiva sobre prevención del blanqueo de capitales de la UE.
Así, se reconoce en una respuesta parlamentaria por escrito, en la que el Gobierno reconoce que está sopesando si, a la luz de la sentencia aún pendiente, la estructura del Registro Mercantil es "adecuada, como complementaria de la ya existente, creada por el Notariado, que goza de firme reconocimiento nacional e internacional, y cuya información lleva años siendo utilizada de forma intensa y muy extendida en la lucha contra el blanqueo y la corrupción".
En un replanteamiento absoluto de la decisión adoptada en la Orden, el propio Ministerio de Justicia, en principio bajo el mandato del popular Rafael Catalá, y ahora encabezado por la socialista Dolores Delgado, se inclina por impulsar la Base de Datos de Titular Real (BDTR), que se creó en marzo de 2012, con el dictamen favorable de la Agencia Española de Protección de Datos.
Considera que ésta base de datos, permite bajo una unidad de dirección, gestión y criterio a las autoridades públicas "conocer las estructuras de propiedad de todas las personas jurídicas, sean sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos o sindicatos, así como las sociedades extranjeras que actúan en España sin pasar por el Registro Mercantil, conteniendo la información sobre titularidades reales de más de 2,3 millones de sociedades".
Esta información, añade Justicia en su respuesta, que por otra parte no sólo procede de la manifestación de los representantes de dichas sociedades sino igualmente del análisis de los documentos otorgados en relación con cada una de dichas sociedades, realizado a los solos efectos de la extracción de cuál es esa titularidad real.
Finalmente, en la respuesta se anuncia que "desde el Gobierno y en concreto desde el Ministerio de Justicia se trabaja, como resulta obligado, para adoptar en cada caso la decisión que mejor sirva a los intereses generales de la sociedad, sin consideración particular al hecho de que las medidas adoptadas sean beneficiosas para uno u otro colectivo".
Y anuncia que se valorará tanto el interés del colectivo de Registradores de la Propiedad en colaborar en esta tarea, tras la reciente introducción de la normativa a la que se refiere esta consulta, por más que la misma se encuentre aun pendiente de la resolución judicial que resuelva las impugnaciones interpuestas.
