Javier Gómez Taboada es uno de los miembros más activos de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en la lucha contra el marco establecido por el criticado Modelo 720, por el que la Comisión Europea ha dictaminado que es ilegal la normativa española que regula la declaración de bienes en el extranjero.
¿En qué punto del procedimiento nos encontramos?
Nunca deberíamos haber llegado a este punto, que es un cúmulo de despropósitos. Resulta que la zanahoria, la amnistía fiscal de 2012, ha terminado siendo inconstitucional, mientras que el palo, incumple la legislación europea. Un dislate abominable para la seguridad jurídica.
Pero Tributos, ¿no ha recomendado un sistema alternativo más suave?
La praxis de la Agencia Tributaria es diversa territorialmente, según la delegación que te corresponda. Esto contribuye a dar una sensación de inseguridad jurídica. Yo tengo expedientes abiertos muy recientes por importes muy elevados. Por ello, considero que esta información de un sistema alternativo más suave es una entelequia.
¿Por qué la Administración Tributaria ha actuado sin mostrar el dictamen de la Comisión Europea?
Esto responde un poco a la lealtad institucional. Cuando existe un expediente abierto no se puede decir que se sigue avanzando en él hasta que haya una resolución judicial que ratifique o anule esta normativa. Así, en el acaso del Céntimo Sanitario, la Unión Europea, diez años antes de la anulación, ya había levantado el banderín de alarma ante posibles irregularidades. En 2014 falla el Tribunal europeo y se tiene que montar un sistema de devolución de las cantidades tributadas. El problema es que las devoluciones realmente han sido mínimas por los requisitos exigidos por la Administración tributaria.
Se trata de una política de hechos consumados como ocurrió con la amnistía fiscal en que pasó un lustro hasta que el Tribunal Constitucional emitió su sentencia, suspendió la legislación y aquí no ha pasado nada. Nadie se siente concernido. Siempre se apoyan en el interés general y las cosas no son así. Es necesario aumentar el respeto institucional y evitar este tipo de casos.
¿Y cuál es la postura del actual Gobierno socialista?
Estamos ante un tema transversal. Cualquier Gobierno tiene pánico a que se le critique por ser tibio en la lucha contra el fraude. Si el Ejecutivo aplaude a Bruselas, le pueden decir desde la oposición que está favoreciendo al defraudador. Sin embargo, lo que hay aquí es una violación de los derechos de los ciudadanos europeos. Pero mediáticamente es muy difícil que cale esto en los políticos.
El PSOE no va a hacer nada en este sentido. Estos pensamientos son los que llevan a la inacción del Gobierno y de la oposición. Está claro que estamos ante un caso de oportunismo político.
