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Una juez anula los préstamos para comprar acciones del Popular

  • La pionera sentencia anula, al ocultar la situación del banco, la adquisición
Foto: Archivo
Madrid

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Tolosa, en una sentencia pionera, ha anula no solo la adquisición de acciones de la ampliación de capital del Banco Popular de 2016, realizada por un pequeño empresario, sino que además declara nulos los préstamos concedidos para efectuar tal operación. Además, la entidad bancaria deberá pagar todas las costas del procedimiento.

Dictamina la titular del Juzgado, la juez Pérez Bustos Manzaneque, que ha existido por parte del demandante un error excusable sobre los elementos esenciales de los contratos, tanto de préstamo como de adquisición de acciones, por apoyarse en una aparente situación de solvencia que no era tal, lo cual le produjo la pérdida total de su inversión.

El demandante contrató personalmente y con su empresa, acciones, depósitos, préstamos y productos similares y mantiene que no se le impuso esta operación como condición de ningún tipo.

Así, concluye la juez que la entidad bancaria no ha detallado pormenorizadamente qué información se le suministró al cliente y si tomó constancia de que éste comprendió los datos que en teoría recibía y sobre todo de la situación en que se encontraba la entidad financiera en junio de 2016.

Estima también la ponente, que, de hecho, en el primer trimestre de 2016, el Banco Popular ostentaba ganancias de alrededor de 93 millones de euros, pero en junio de ese mismo año ya había pérdidas de 35 millones que se fueron incrementando a lo largo de todo el año hasta que en junio de 2017 ascendían alrededor de 12.000 millones de euros.

Falta de garantías

El abogado del empresario, Antonio del Castillo Alonso, hace constar que "era evidente que, ante el incremento gradual e incesante de las pérdidas, el banco ofreció financiación para la adquisición de acciones y además lo hizo, en primer lugar, sin exigir garantías -estamos hablando de 200.000 euros que se dan sin ningún tipo de aval ni garantía real- y por supuesto sin explicar cuál era el estado financiero real".

Así lo reconoce la titular del juzgado, quien destaca que el Ministerio de Economía llegó incluso a sancionar a la empresa auditora PwC por haber auditado mal las cuentas de este banco desde 2012 y que la CNMW detectó irregularidades en las cuentas de la entidad en 2016, fecha en la que comienzan a realizarse estas ofertas de financiación para comprar acciones, como ocurre en este caso.

El banco no ha acreditado que explicara a este cliente concreto, su comunicación de hecho relevante de 16 de septiembre de 2015, ni toda la sucesión de acontecimientos que se desarrollaban a efectos internos y que podría considerarse peligrosa para el inversor. El problema no era ya en la fecha de contratación de liquidez sino de solvencia, afirma la juez.

Así, la situación real financiera del banco se ocultó y la intervención no se debió a circunstancias sobrevenidas sino a una situación patrimonial previa inidónea. Por ello, sentencia que la parte demandada no cumplió con su deber de información de modo claro, real y completo de su situación financiera para con el demandante.

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