Alicante
Los inspectores de Hacienda auguran dificultades políticas para llevar a cabo el cobro de la tasa Google en aquellas jurisdicciones en las que exista un convenio de doble imposición.
La directiva digital lo que dice es que se modifique el concepto de establecimiento permanente, admitiendo que hay establecimiento permanente cuando haya una presencia digital significativa, siempre que se superen los 7,5 millones de euros en relación a una determinada jurisdicción o que se superen los 100.000 usuarios en esa determinada jurisdicción o que se supere en el ámbito de los contratos digitales los 3.000.
A este respecto, Francisco Fernández Monge, inspector de Hacienda y representante permanente de España ante la Unión Europea, explicó ayer que "el problema es que la propuesta de Directiva de la Comisión Europea incluye a las jurisdicciones de la UE y a las de terceros países con los que no existan convenios de doble imposición. Porque si tenemos un convenio que no incorpore la propuesta de Directiva, al no recoger este concepto de establecimiento permanente no sería posible aplicar el gravamen".
En el transcurso de su intervención en el XXVIII Congreso anual de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que se celebra en Alicante, Fernánez Monge explicó que es necesario ligar esta propuesta de Directiva con la recomendación de la Comisión para que los distintos países modifiquen los convenios de doble imposición que los Estados miembros tienen con las jurisdicciones terceras para incluir esta propuesta y que sea posible cobrar ese gravamen.
También, señaló que aunque hay una corriente de opinión en la UE que superpone el cumplimiento de la Directiva a los contenidos de los acuerdos de doble imposición, será preciso abrir una negociación internacional para llegar a un acuerdo sobre la nueva fiscalidad.
Por su parte, el inspector de Hacienda y miembro de la Representación Permamente de España ante la UE, Jorge Alberto Ferreras, ha recordado que la OCDE se mostró partidaria de que se adopte una solución global, si bien con la posibilidad de que los Estados que lo consideren oportuno tomen medidas de carácter temporal, como lo pretende España.
No obstante, recordó que la OCDE reconoce las consecuencias negativas que la adopción de medidas temporales conlleva al impactar en las inversiones, la innovación, el crecimiento o el empleo". Por ello, abogó por que el nuevo tributo se convierta en definitivo, ante sus costes administrativos.
Finalmente, el presidente de la IHE, José Luis Groba, ha advertido de que el retraso en la adaptación de los sistemas jurídicos de la nueva economía digital conlleva una minoración "dramática" de los ingresos públicos.
