Madrid
España invierte 79,1 euros por habitante y año en su sistema judicial, por encima de la media de los Estados europeos, que gastan un promedio de 64, con presupuestos especialmente importantes en proporción a su nivel de riqueza destacan Luxemburgo (157,3) y Noruega (80,6). Alemania invierte 121 euros por habitante y año; Islandia 111,9; Francia 65,9; Italia 75,0 y Portugal 56,6 euros.
España tiene 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes, casi la mitad que Austria o Alemania, pero por encima de Francia o Italia
España tiene 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes, casi la mitad de los que existen en Austria (27,4), Alemania (24,2) o Grecia (25,8), pero por encima de Francia (10,4) o Italia (10,6). Los salarios brutos medios de los jueces en relación con los salarios brutos medios nacionales en 2016 suponen 2,1 veces el salario medio del país, lo que los sitúa por debajo de la media europea, que se sitúa en 2,5. Estas cifras son superiores en Reino Unido (3,1) o Irlanda (3,1), pero inferiores en Francia (1,3), Italia (1,9) o Alemania (0,9).
Así, se desprende de los datos del informe 'Sistemas judiciales europeos. Eficiencia y calidad de la justicia en 2016, publicado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa, sobre los sistemas de 45 países europeos.
Las tendencias apuntadas en el informe muestran el desarrollo de una mayor capacitación y un avance hacia la obligatoriedad del acceso a puestos o funciones especializadas; la importancia que se atribuye a la experiencia de los candidatos en el proceso de selección de los cargos de los jueces; la estabilidad en el número de jueces profesionales y una creciente profesionalización de los jueces, ya que menos Estados utilizan jueces no profesionales. Europa está dividida en cuanto al uso de jurados, que existen en casi la mitad de los Estados miembros del Consejo de Europa. Los niveles salariales cada vez más similares de jueces y fiscales en todos los países.
Si bien la mayoría de estos jueces no profesionales juzgan en asuntos penales, algunos estados como Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Mónaco, Eslovenia y España les asignan conflictos laborales, litigios sociales, litigios comerciales o una parte de los conflictos familiares. Sin embargo, alrededor de 15 estados y entidades confían todas sus disputas a jueces profesionales y no utilizan jueces no profesionales. El contraste ya observado entre los países de Europa del Este que tienen una unidad jurisdiccional profesionalizada en gran medida o en su totalidad y los países de Europa Occidental, sigue siendo de actualidad.
También, se detecta un aumento en el número de abogados, provocado por el desarrollo del estado de derecho en Europa central y oriental y la asistencia legal.
Paridad en el sistema
En el ámbito de la paridad dentro del sistema judicial, destaca la feminización en las filas de jueces y fiscales es una tendencia continua, pero el "techo de cristal" sigue siendo una realidad cuando se trata de funciones de responsabilidad. Si bien la proporción de mujeres está aumentando entre los jueces y los fiscales, las profesiones como las abogadas, notarias y los agentes de ejecución son predominantemente hombres.
Además, existen pocas medidas específicas para promover la paridad-solo Alemania parece haber desarrollado una política global a favor de la paridad, para el reclutamiento de jueces y abogados, notarios y agentes de cumplimiento-.
El presupuesto de los tribunales representa la mayor parte del presupuesto asignado al sistema judicial (66% en promedio); la remuneración del personal es el elemento más importante, especialmente en los Estados que solo cuentan con jueces profesionales.
Tasas judiciales
El pago de las tasas judiciales es una característica clave del sistema judicial en Europa: el contribuyente no es el único que financia el sistema, ya que también se solicita al usuario del tribunal que contribuya. Solamente Francia, Luxemburgo y ahora España prevén el acceso a los tribunales sin cargos. Los ingresos generados por los honorarios de los tribunales varían de menos del 1% a más del 50% del presupuesto de la corte, e incluso, en algunos estados, corresponden a más de la mitad del presupuesto del sistema judicial. Para la mayoría de los Estados, en particular aquellos en los que los tribunales obtienen los ingresos de los registros -de las empresas y asuntos comerciales o las transferencias de bienes raíces, por ejemplo-, representa un recurso significativo que cubre una parte importante de sus costos operativos judiciales. y en el caso de Austria, generando montos que superan con creces los costos operativos de todo el sistema judicial.
Asistencia legal
La asistencia jurídica prestada por el Estado a las personas que no tienen medios financieros suficientes para defenderse ante un tribunal o para iniciar un litigio. El concepto de asistencia jurídica ha recibido una interpretación extensa, que abarca tanto la ayuda jurisdiccional -permitiendo a los litigantes financiar completa o parcialmente sus honorarios judiciales cuando actúan ante los tribunales- y el acceso a la información y Consejo legal.
La asistencia legal es muy variable. en todos los estados y entidades, dependiendo del nivel de riqueza y su política de acceso a la justicia, variando, desde un mínimo de 0,06 euros en Azerbaiyán a un máximo de 36,21 euros por habitante en Suecia o los 27,42 de Holanda.
El promedio es de 6,5 euros por habitante. En España no se alcanza el promedio, situándose en 5,64 euros por habitante. En la misma línea están Portugal (5,85) Francia (5,06) e Italia (3,5). Reino Unido-Inglaterra y Gales, Países Bajos e Irlanda son los Estados más generosos en términos de la importe de dinero asignado a la asistencia jurídica por caso.
Solicitudes de asilo
Las solicitudes de asilo tuvieron un impacto significativo en el número de casos entrantes en 2016 en 9 países: Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, España, Suecia y Suiza.
Los procedimientos judiciales llevan más tiempo en los casos administrativos que en los civiles, y los tribunales administrativos de segunda y tercera instancia enfrentan mayores dificultades para manejar la afluencia de casos.
En la justicia penal, la tasa promedio de casos resueltos por el fiscal contra los casos recibidos es del 96%, con el 42% descontinuado, el 28% ante los tribunales y el 27% que resulta en una sanción o medida impuesta o negociada por el público fiscal; En España la tasa de resolución está por debajo del 100%, pero el tiempo puede considerarse satisfactorio (inferior a la media de 244 días).
El secretario judicial se hace firme
Los Estados europeos y las entidades que han adoptado la figura del secretario judicial lo han convertido en un verdadero órgano judicial junto al juez o magistrado, explica el informe del Cepej. Por ello, considera esencial para garantizar el principio efectivo de la separación de poderes, que estos funcionarios sean reclutados como verdaderos órganos judiciales.
En España, los secretarios jurídicos -secretarios judiciales- se han convertido en letrados de la Administración de Justicia, encargados de misiones ampliadas en todos los ámbitos, excepto en los Registros. El número de Estados que han establecido un secretario judicial un o un personal equivalente es estable. Las reformas en la Administración de Justicia, muy presentes en los comentarios de algunos países, no conducen a una definición global de las misiones encomendadas al juez y al resto de los profesionales de Justicia que permita identificar las tareas que corresponden a cada uno de ellos y no parece que en las reformas previstas en los países europeos se piense en clarificar el tema.
La diversidad de las tareas encomendadas a los secretarios judiciales está aumentando y varios Estados les confían en misiones muy generales, en campos muy variados. Este es particularmente el caso que se está generando en Alemania y España.
