Madrid
Los expertos en fiscalidad medioambiental abogan por una reforma global y apoyan las recomendaciones internacionales dirigidas a España para avanzar en la reforma fiscal verde, que sugiere que la recaudación tributaria adicional que se pueda llegar a obtener por la fiscalidad medioambiental se utilice para una reducción de la imposición directa y del gravamen sobre el factor trabajo.
Así, se destaca de las conclusiones del informe sobre la Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma, elaborado por un nutrido equipo de especialistas en tributación medioambiental, publicado por la Fundación Impuestos y Competitividad coordinado por Deloitte y EY.
Se sugiere suprimir el impuesto de matriculación, reconfigurar el de circulación como un verdadero impuesto al uso de vehículos, atendiendo a sus emisiones de CO2 y de otros gases y partículas contaminantes.
Por otra parte, se apuesta por la reconfiguración de los impuestos sobre hidrocarburos, carbón y electricidad, de modo que contemplen dos componentes impositivos, el del nivel de emisiones de CO2 y el de su contenido energético.
En el caso del Impuesto sobre la Electricidad se propone extender la reducción del 85 por ciento a todos los sectores de consumo intensivo. Por otra parte, se propone suprimir el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, por su cuestionable finalidad medioambiental.
En materia de aguas, piensan que es recomendable revisar el modelo actual, buscando la uniformidad y efectiva finalidad ambiental de los cánones autonómicos sobre vertidos. Suprimirían el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.
También abogan los autores por que se considere el establecimiento de un gravamen sobre el ruido, bien como impuesto autónomo, bien como un elemento impositivo nuevo de figuras ya existentes.
Apuesta por recuperar la deducción por inversiones medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades; aplicar incentivos en Patrimonio a los bienes con eficiencia energética. Y señala el estudio que ante la excesiva proliferación de figuras medioambientales y el protagonismo de las Administraciones autonómicas y locales en ellas, que es preciso reformar la imposición medioambiental coordinándola con la reforma de la financiación de ambas Administraciones.
Reclaman, además, los autores del Estudio que a la hora de evaluar la eventual introducción de cualquier medida en materia de fiscalidad medioambiental, se preste especial atención al impacto que puedan producir dichas modificaciones en el mundo económico, protegiendo la competitividad de las empresas y asegurando la participación de los sectores más afectados.