Madrid
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, se mostró ayer partidario de una reforma de la tributación local para racionalizar las figuras tributarias.
Así, reclamó que "el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se encuadre dentro de la tributación sobre la riqueza, ya que muchos inmuebles urbanos, además de ser gravados por este tributo también lo están por el IRPF, a través de la imputación de rentas -cuando están a disposición de sus titulares- y por impuestos autonómicos, como son los de el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones".
El IBI es el impuesto más importante por recaudación, para los municipios, ya que supone un 28 por ciento de los ingresos y para casi todas las capitales de provincia supone más del 60 por ciento.
Inequidad tributaria
En la presentación del Panorama de la Fiscalidad Local, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), del Consejo General de Economistas, Pich llamó la atención sobre la inequidad del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). "Que la tributación por este impuesto dependa de la forma jurídica o del importe neto de la cifra de negocios -sin tener en cuenta los beneficios- es injusto y no tiene sentido", manifestó.
El IAE aporta el 8 por ciento de los ingresos impositivos, si bien existe gran diferencia entre municipios, con cierta capacidad normativa.
No obstante, su recaudación está lastrada por la exención de las personas físicas y de las entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros. La recaudación por habitante en las capitales de provincia prevista para 2018 es de 40 euros por habitante de media.
Por otra parte, los economistas recomiendan que para posibilitar que todos los ciudadanos puedan acudir a la revisión en vía económico-administrativa por sus tributos locales, se creen tribunales económico-administrativos provinciales, que sustituirían a los órganos existentes actualmente en los municipios de gran población para que atiendan las reclamaciones de los vecinos de la provincia.
En el informe, se explica de que los Ayuntamientos obtienen el 52,9 por ciento de sus ingresos a través de impuestos de carácter local, mientras que la media de las Administraciones locales de la UE se sitúan en el 38,1 por ciento. Además, remarca el informe, que tienen una potestad tributaria muy importante respecto al mismo en materia de tipos y bonificaciones, lo que se refleja en la recaudación.
Por otra parte y con el objeto de desligarlos recursos de las haciendas locales del sector inmobiliario, se plantea la necesidad de buscar fuentes de financiación alternativas. En este sentido, el Reaf propone la creación por parte del Estado de impuestos medioambientales sobre los que los Ayuntamientos tengan potestades normativas, como ocurre en el resto de impuestos locales, lo que podría ser una fuente de recursos de interés para la mejora de la autonomía local.
Jesús Sanmartin, presidente del Reaf, se refirió también ayer a la necesidad de adaptar la gestión tributaria de los municipios a la aplicación de las nuevas tecnologías que no está siendo posible realizarla de manera eficiente, al menos en Ayuntamientos pequeños y medianos, si no se centralizan los programas y plataformas. Asimismo, en materia de gestión, y más todavía de inspección tributaria municipal, consideró conveniente dotar a estas entidades de más recursos, sobre todo humanos, cosa que solo es factible centralizando esas tareas, como poco, a nivel provincial.
