La normativa europea sobre el trabajo de duración determinada se opone a que los docentes nombrados en calidad de funcionarios interinos para todo un curso escolar sean cesados al finalizar el periodo lectivo, ya que se trata de un "trato desfavorable" respecto a los funcionarios fijos, cuyo contrato se mantiene durante los meses sucesivos de verano.
Así lo manifestó en sus conclusiones la abogada general de la Unión Europea, la magistrada Juliane Kokott, en su propuesta a la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que el Acuerdo Marco actual se opone a una práctica nacional española entre dos profesores interinos y la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. De esta forma, apunta la abogada general que la finalización del periodo lectivo no puede suponer "una razón objetiva para un trato desfavorable sufrido por los funcionarios interinos".
Destaca, además, que "la práctica consistente en el cese al finalizar el periodo lectivo no se aplica de manera uniforme, puesto que no todos los funcionarios interinos son cesados al finalizar el periodo lectivo". Así pues, en lugar de basarse en criterios objetivos y transparentes, las autoridades educativas pueden decidir en cada caso concreto de forma "en cierto modo arbitraria" si un funcionario interino es cesado o no.
La magistrada Kokott, entiende en sus conclusiones que "la práctica española adolece de falta de transparencia", puesto que el cese de los funcionarios interinos al comienzo de las vacaciones de verano contraviene un acuerdo de 10 de marzo de 1994, alcanzado entre la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio español de Educación y Ciencia y el sindicato Anpe, que establecía que los funcionarios interinos debían ser mantenidos en sus puestos durante el verano si a 30 de junio hubieran prestado servicios durante al menos cinco meses y medio.
