El Ministerio de Justicia se apresta a reformar la normativa procesal y civil en materia de discapacidad con la intención de adaptarla a las exigencias de Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York, el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España en 2008. Para ello ha abierto un periodo de consulta previo que se mantendrá vigente hasta el próximo 27 de abril.
Así, estas personas podrán ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
En la futura norma se introducirá el reconocimiento de su personalidad jurídica, introduciendo en la normativa la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, al tiempo que se les proporcionará acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de esa capacidad jurídica.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha venido denunciando en los últimos tiempos que alrededor de 100.000 personas con discapacidad -sobre todo de tipo intelectual, psicosocial y cognitivo- están privadas del derecho de sufragio en España.
Por ello, la norma que se ha comenzado a elaborar incluirá salvaguardias que aseguren que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.
Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
En España las reformas se iniciaron mediante la Ley 26/2011, de 1 de agosto, que modificó más de una decena de leyes. Y en 2015 se modificó el Código Penal, proporcionando a las personas con discapacidad una protección penal reforzada ante su especial vulnerabilidad, para prevenir conductas discriminatorias que puedan impedirles el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones.
Además, el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en 2011 vino a reformar, a su vez, los reglamentos de desarrollo de las leyes anteriores, además del Reglamento de Organización y Régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.